Desde 2016 se han firmado convenios de colaboración con 33 gobiernos estatales, fiscalías, servicios forenses y otros, pero no todas las entidades han querido apoyo. Entre ellas, se reportó hoy en sesión de la Comisión que encabeza el consejero Arturo Castillo, el gobierno de Guerrero recibió en enero de 2024 y enero de 2025 sendas propuestas de convenio y aún no ha respondido.
Aún así se informó que seis autoridades están por suscribir acuerdos: cuatro fiscalías estatales y tres comisiones locales de búsqueda provenientes de Baja California, Baja California Sur, Durango, Guerrero, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán, “por lo que confiamos que muy pronto se empleará la lista de estos 33 convenios”, dijo el encargado de despacho del RFE del INE, Alejandro Sosa Durán.
De acuerdo a la información del RFE además se ha tratado de avanzar con acuerdos para que se optimice la calidad de las huellas captadas por los servicios forenses, así como buscar la incorporación de dispositivos que permitan la captación de las huellas en formato digital para evitar la pérdida de calidad en la digitalización.
Servicio de localización de personas
Si en el servicio de solicitudes de identificación se usan datos biométricos en poder del INE y se contrastan con los remitidos por autoridades, en el caso de localización de personas son éstas las que solicitan a la autoridad electoral información de las bases de datos electorales para buscar ciudadanos desaparecidos.
El INE les entrega, por ejemplo, información como dirección, CURP, para que otras autoridades realicen la búsqueda de las personas en bases de datos forenses o de personas no identificadas que estén, por ejemplo, en algún hospital, centro de salud o centro de asistencia.
En el informe del RFE rendido hoy se dio cuenta de que, en cuanto a las solicitudes de localización de personas desaparecidas se han atendido (desde 2016) 306, 140 peticiones. Y se han recibido 2, 351 peticiones entre febrero y marzo de este año.
El resultado ha sido que se han obteniendo 156, 259 respuestas -1,592 más que en el corte de fines de enero- con al menos un registro aplicable basado en los datos proporcionados por las autoridades, tales como son los nombres, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, así como la CURP entre otros datos.
Impacto de reformas en materia de desapariciones
En la sesión, el titular del RFE, Sosa Durán, esbozó un estudio sobre el impacto en el marco legal del INE de la iniciativa presidencial de Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsquedas de Personas, así como de la Ley General de Población en materia del fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
Entre otros elementos indicó que no se especifica si habría transferencia de datos biométricos que obren el poder de las autoridades de los tres órdenes de gobierno al Registro Nacional de Población o si el INE debe hacerlo.
Además se habla de la versión digital de la CURP y a cargo de la Agencia de Transformación de y de Telecomunicaciones.
Consideró que una CURP con fotografía podría influir en los niveles de abstencionismo en las elecciones, pues perdería interés la tramitación de la credencial para votar con fotografía como medio de identificación.
