Sin embargo, esta propuesta es parecida a la que impulsó el entonces presidente Felipe Calderón en 2008 que fue conocida como “Cédula de Identidad”, la cual era dirigida a niños y jóvenes de entre 4 y 17 años; en este documento se incluirían datos biométricos, las 10 huellas dactilares, fotografía del iris de ambos ojos y del rostro.
En ese momento, el mandatario federal aseguró que este documento era para darle “identidad” a los menores de edad; además, señaló que éste era confiable y protegía la información personal de estas personas los mexicanos.
Esta cédula iba a ser creada para evitar el tráfico de menores y la suplantación de identidad; asimismo, iba a ser utilizada para agilizar los trámites relacionados con estos menores.
Sin embargo, el proyecto fue cancelado, pero hubo gastos por más de 2 mil millones de pesos, ya que alcanzaron a realizar un millón 658 cédulas, que fueron resguardas por un tiempo en el Registro Nacional de Población (Renapo) y que después fueron trituradas.
La segunda vez que se intento impulsar la Cédula de Identidad fue en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, cuando buscaban expedir un documento de identificación para todos los mexicanos, el cual, planeaba, también sirviera para votar.
Ello llevo a que los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) pidieran que ambos documentos (la credencial para votar y la cédula de identidad) se funcionaran, sin embargo, esta propuesta tampoco prospero.
Después volvió la propuesta en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La entonces senadora Olga Sánchez Cordero impulsó que la CURP llevará foto y las huellas del titular.
La propuesta fue expedir una nueva Ley General de Población, en donde se establecía que Gobernación sería la que realizaría la CURP con fotografía del rostro, huellas dactilares, firma y lugar de nacimiento. Si bien este documento sería para toda la población, en un primer momento iba a ser dirigida para menores de edad como lo planteaba Felipe Calderón.
No obstante, la propuesta quedó congelada en las comisiones del Senado, ya que organizaciones sociales se opusieron a esta propuesta al asegurar que existían riesgos, como secuestros y suplantación de identidad.
Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) señalaron en ese momento que si el Gobierno federal tenía la información biométrica de los habitantes del país, podría ser vulnerada y llevar a que se cometieran diversos delitos.
