La candidata a ministra Lenia Batres ofrece administrar eficientemente los recursos del Poder Judicial, a pesar de que esa no es una función de los integrantes de la Corte, sino el Consejo de la Judicatura.
"Austeridad. Apego a la obligación de administrar los recursos del Poder Judicial con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Priorizar el uso del presupuesto en el adecuado servicio de justicia, tanto en infraestructura para atender al público, como en el desarrollo de instrumentos que faciliten su acceso", es una de las propuestas de Batres.
Estela Fuentes, quien también contiende por un lugar en la Corte, promete lo que ya se establece en la ley, como resolver con perspectiva de género y en beneficio de los derechos humanos.
Otro ejemplo es Enrique Torres, quien estará en la boleta como candidato a magistrado de Circuito; una de sus propuestas es una justicia “pronta y expedita”, cuando eso ya está contemplado en el artículo 17 de la Constitución Política.
El candidato a ministro, Raymundo Espinosa, plantea revisar los planes de estudios de las facultades de Derecho y promover en esas instituciones educativas un “enfoque crítico y social”, así como transformar las metodologías de enseñanza, aun cuando eso le corresponde a cada universidad y no a la Suprema Corte de Justicia.
En la misma situación está Antonio Sorela Castillo, también candidato a la SCJN, quien propuso que los ministros se especialicen en diversas materias, pues “no basta con tener conocimientos generales”.
El mismo candidato ofrece impartición de justicia transparente y cercana a la gente, sesionar en los estados en casos de trascendencia e incorporar la figura de "opiniones consultivas" en casos de acciones y controversias constitucionales, cuando se tenga dudas sobre iniciativas o actos de autoridad que puedan vulnerar derechos humanos.
También está el candidato que ofrece ponerse a estudiar. El contendiente a ministro, Javier Jiménez Gutiérrez, quien tiene licenciatura y dos maestrías en Derecho y Estudios Latinoamericanos, promete “aprender las lecciones de Derecho Comparado”.
"Mi primera propuesta es aprender las lecciones del Derecho Comparado para lograr un Sistema Judicial menos formalista. Sin dejar de reconocer la importancia del debido proceso, se debe privilegiar el análisis del fondo de las controversias sobre los aspectos formales", plantea Jiménez.
Ante ello, el abogado constitucionalista, Sergio Salgado, considera que los candidatos a juzgadores están cayendo en presentar promesas desproporcionadas o que son imposibles de realizar.
Las propuestas son desproporcionadas, no van con las funciones que puede tener un juez o funciones que son imposibles de cumplir, como abatir el rezago judicial o cercanía con el pueblo”.
Sergio Salgado, constitucionalista.
Salgado observa que los candidatos con carrera judicial son más "mesurados” en sus propuestas, pero los personajes políticos plantean acciones que no se pueden cumplir.
“Ahí es donde están desinformando al electorado con acciones que no se podrán cumplir, que ni si quiera podrán hacerlo. Eso de administrar bienes y presupuesto le compete al Consejo de la Judicatura y después al órgano de Administración Judicial”, menciona.
Por ejemplo, advierte, es “imposible” terminar con el rezago judicial, ya que no depende de un solo juez.
“Uno pensaría que los expedientes están parados porque el juez no trabaja; (eso) es inexacto porque posiblemente están detenidos porque en ocasiones las fiscalías no han llevado todo su trabajo, porque están en otras instancias, porque no se han desahogado pruebas”, explica.
Este tipo de promesas, sostiene el constitucionalista, son “populismo judicial”.
También aspirantes a jueces y magistrados
Los contendientes a ministros no son los únicos que hacen propuestas que no podrán aplicar o que proponen sin explicar cómo hacerlo, como Fernando Mendoza, contendiente a juez de Distrito, quien promete ser el “juez laboral de pobres”, de la mujeres y adultos mayores.
Andrés Rossell Martínez, quien busca ser juez de Distrito en Veracruz, plantea una reforma “integral” al sistema de Justicia. Sin embargo, esa no es una tarea de los juzgadores, sino del Poder Legislativo.
Un caso similar es el de Óscar Alejandro Zuñiga, quien va para magistrado de Circuito. Él propone reformas a las leyes para “mejorar” la impartición de justicia, simplificar los procedimientos y reducir los tiempos, pero quienes pueden impulsar una modificación a las leyes son los legisladores y la presidencia de la República.
También están los candidatos a jueces que prometen que haya más sillas y espacios para los usuarios que acudan a un juzgado, como Marco Antonio Alvarado, pero los jueces no administran el presupuesto, sino el Consejo de la Judicatura.
Para José Maria Soberanes, experto Derecho Constitucional, las propuestas de los candidatos al Poder Judicial son "pobres" y eso se debe, explicó, a que los jueces resuelven "problemas entre personas", y estos casos que les llegan a los juzgadores.
"No es inventarse la ley, esa es labor del legislativo, aquí es aplicar las leyes. Básicamente lo que pueden ofrecer es aplicar la ley cuando les lleguen los casos", dijo.
Además, señaló que hacer propuestas en la impartición de justicia es "futurista", pues mencionó que no se puede prometer a futuro, ya que los casos que resuelvan, es conforme van llegando.
Las propuestas de los candidatos jueces, ministros y magistrados se pueden conocer en el portal que habilitó el Instituto Nacional Electoral (INE) llamado “Conóceles”. Más de 90% de los contendientes subieron en esta sus datos y acciones que realizarán al llegar al Poder Judicial.