La administración de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y las funciones del INAI han pasado a las manos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Con la publicación de las nuevas leyes en materia de transparencia, la dependencia se alista para tomar el control de los recursos materiales y financieros del ahora extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La institución anunció la conformación de un Comité de Transferencia, encargado de la transición y de facilitar el traspaso de la PNT a la secretaría en un periodo de 30 días.
La dependencia se comprometió a mantener la operación de la plataforma sin interrupciones y a implementar en ella un validador criptográfico para la seguridad de los datos contenidos en el sitio web.
Todas las instituciones seguirán obligadas a publicar información y atender solicitudes ciudadanas a través de la PNT”,
La secretaría asumirá las funciones del INAI en materia de transparencia y acceso a la información pública, a través de su nuevo órgano desconcentrado Transparencia para el Pueblo.
En tanto que las atribuciones relacionadas con la protección de datos personales quedarán bajo la responsabilidad directa de la dependencia que dirige Raquel Buenrostro, aunque a través de una nueva unidad administrativa especializada.
Ante los cuestionamientos a esta modificación constitucional, considerada por especialistas como un retroceso en materia de transparencia, la secretaría aseguró que “la operación de este modelo se basará en los principios de imparcialidad, eficiencia, legalidad y profesionalismo”.
La Secretaría Anticorrupción afirmó que operará con autonomía técnica, eficiencia y apego a la leyes, bajo un esquema que costará 52% menos dinero al erario público, equivalente a 500 millones de pesos anuales.
“Para garantizar la imparcialidad en la toma de decisiones y evitar que el Ejecutivo federal sea ‘juez y parte’, las nuevas disposiciones contemplan un órgano administrativo desconcentrado, por lo que hace al acceso a la información y una unidad administrativa especializada en datos personales”, afirmó.
Agregó que se garantizarán las liquidaciones de los trabajadores del INAI, una demanda que los empleados exigieron al gobierno federal a través de varias manifestaciones, hasta que fueron atendidos por las autoridades. Algunos de los empleados podrán ser contratados por la Secretaría Anticorrupción.
A decir de la dependencia, cualquier persona podrá interponer amparos en contra de una resolución de Transparencia para el Pueblo, debido a que la nueva ley en la materia contempla la creación de juzgados especializados.
“Este mecanismo judicial garantiza que los derechos ciudadanos sean protegidos con estricto apego a la ley”, sostiene.
También resalta que buscará incentivar a los sujetos obligados para que publiquen información de "forma proactiva", adicional a la establecida como obligatoria.
