El Senado recibió esta tarde la iniciativa de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum para impedir el injerencismo de otros países, castigar a las personas extranjeras que trafiquen armas en México, y elevar el terrorismo a delito grave.
La reforma se produce en respuesta a la designación del miércoles por parte de Washington de los cárteles de droga, entre ellos varios mexicanos, como organizaciones terroristas.
El Gobierno de México establece que "bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia o soberanía de la nación".
Entre estos, se citan "golpes de Estado, injerencia en elecciones o violación del territorio" por tierra, mar o aire.
"Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables".
También se menciona que México rechaza cualquier intervención para la investigación y persecución del delito sin la autorización y colaboración del Estado mexicano.
Las modificaciones a la Carta Magna imponen también penas severas a extranjeros por "la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas", o por realizar "actividades al margen de la ley" relacionadas con la soberanía del país.
En seguimiento a un decreto emitido por el presidente Donald Trump tras asumir el cargo en enero, Estados Unidos designó el miércoles al Tren de Aragua, al cártel de Sinaloa y a otros cárteles de la droga como organizaciones terroristas globales, según una notificación del Registro Federal.
El aviso del Departamento de Estado estadounidense detalló que los grupos representan un riesgo para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de la nación norteamericana.
Este mismo jueves, el Senado recibió una iniciativa para crear un órgano desconcentrado de la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno, el cual será denominado "Transparencia para el Pueblo".
Se trata de la forma en que se sustituirá el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), una de las instituciones que desaparecen por una de las reformas de Andrés Manuel López Obrador.
Las solicitudes de información caerán en manos de dicho órgano, lo cual ya ha generado críticas por la posible falta de independencia que tendrá.
Inconformidades a respuestas de solicitudes de información deberán ser atendidas por órganos administrativos de los Poderes de la Unión, una vez que se apruebe la reforma.
Por ejemplo, si un ciudadano quiere información de los partidos políticos, será el Instituto Nacional Electoral (INE) el encargado de atender.
Raquel Buenrostro, titular de Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, ha dicho que se trata de la creación del "INAI del Pueblo".
Junto al INAI, desaparecen los 32 institutos estatales de transparencia, tras años de ser canales para que se conocieran actos de corrupción y otras irregularidades realizadas por parte de funcionarios.
