Jueces y magistrados del país alertaron que con el recorte de 17% al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se afectará la impartición de justicia y podrían impactarse los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial afectados por la reforma.
El ajuste al presupuesto a la Judicatura contrasta con el discurso de que se busca mejorar la justicia, eso es “demagogia y buenos deseos”, declaró la magistrada Julia María del Carmen García.
En la conferencia de jueces y magistrados, última del año, la juzgadora expuso que el recorte presupuestal es otra forma de presión sobre el Poder Judicial.
“Es como tenernos en un puño: no habrá posibilidad de crear más juzgados o tribunales, no habrá posibilidad de cumplir compromisos internacionales”, dijo.
Ese ajuste fue de 714 millones de pesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de 13,117 millones de pesos al Consejo de la Judicatura.
Por ejemplo, dijo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sugiere destinar al menos 2% del presupuesto de una nación a la impartición de justicia y México presupuestó en 2023 sólo el 0.23%.
Ese año Dinamarca, con el que se quiere hacer comparaciones, destinó 0.93%, destacó.
A nivel internacional se plantea que debe haber 16 juzgadores por 100 mil habitantes y “en México no llegamos ni a cinco”.
El magistrado José Rogelio Alanís alertó que los enlaces, que son trabajadores del primer circuito judicial ya alertaron ayer la falta de cumplimiento de las promesas de los diputados, respecto a garantizar un presupuesto que garantice sus derechos.
Además “exigen a los representantes sindicales que asuman su trabajo, han brillado por su ausencia tanto así que han tenido que ser ellos estos enlaces que a nivel nacional se terminan congregando en 32 circuitos para hacer una defensa real de los trabajadores”.
Los sindicatos, agregó, “se han mantenido al margen”.
El magistrado Juan José Olvera recordó que hay preocupación legítima de los trabajadores por la afectación de derechos, debido a la ausencia de recursos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció que sus derechos estarían a salvo, “esa es la palabra a medio camino. El resultado acá está: se reduce el presupuesto” , anotó el juzgador.
Recordó que las cargas de trabajo se incrementan año con año la demanda de justicia federal no cesa al contrario se incrementa por los abusos de las autoridades y los desvíos de poder para eso estamos los jueces de amparo.
Los integrantes de la Asociación de Jueces y Magistrados retomaron además la Encesta de Satisfacción que cada año aplica el Consejo de la Judicatura Federal a los usuarios del sistema de justicia.
Ese ejercicio, aplicado a 33, 000 personas este año arrojó que sólo 0.90% de las personas que hicieron algún trámite en el Poder Judicial de la Federación (PJF) respondieron que hay corrupción o se les insinuó o pidió un pago por el servicio que estaban recibiendo.
Durante la conferencia de prensa de este viernes, el magistrado retomó la encuesta de satisfacción del servicio que prestan los jueces de distrito, colegiados de circuito y juzgadores federales en todo el país, que fue hecha por el Consejo de la Judicatura de la Federación (CJF) y publicada esta semana.
De acuerdo con la encuesta, el 95.37% de las personas aseguró no haber recibido insinuaciones o pretensiones de pago por el servicio que estaban recibiendo; el 3.68% dijo no tener respuesta sobre el tema y el 0.90% dijo que sí había corrupción.
Por tanto, reclamó que la corrupción en el Poder Judicial es “una leyenda urbana” generada por el Poder Ejecutivo el sexenio pasado y este.
“¿Dónde está la corrupción generalizada?”, cuestionó. “Que se escuche a quien lo ha vivido y no a quien lo dice todos los días y a todas horas y de todas maneras sin ningún fundamento y solo porque tiene el micrófono y solo porque reparten dádivas”.
Así mismo retó: “Con la misma vehemencia con que se señala esta supuesta corrupción pedimos que pues al menos en lo que es su responsabilidad hagan lo propio. Que hagan mínimo estas encuestas de satisfacción, por ejemplo, en servicios de salud que son tema del Ejecutivo; de Seguridad Pública que es el corazón de la responsabilidad ejecutiva, a ver cómo perciben los usuarios los ciudadanos en general el tema de seguridad pública”.
Lo que ocurre es que los titulares del Ejecutivo hablan sin conocimiento y “no tiene idea de lo que significa la carrera judicial”.
