“Desde el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) hemos cuidado que no se regrese al nepotismo, no haya abusos y el gremio de jueces y magistrados se salga un poco de su capelo que son sus tribunales, oficinas, sus libros, su jurisprudencia”, declaró Bátiz.
Comentó que la reforma judicial que encabezó Zaldívar no fue suficiente: “él encabezó una reforma judicial muy parcial que fue un paso adelante pero no lo que se necesita”.
El jueves, al iniciar los foros, Zaldívar advirtió que en la SCJN volvió la corrupción que él combatió, sin embargo una denuncia anónima tiene bajo investigación a su equipo más cercano por presuntas presiones, intimidaciones, extorsiones y acoso a jueces, juezas, magistrados y magistradas.
Zaldívar, cercano al equipo de la hoy virtual presidenta Claudia Sheinbaum y asesor para la reforma judicial, aseguró que en el Poder Judicial se vive una situación “peor que nunca”.
“Lamentablemente en enero de 2023 se tomó una decisión que fue: destruyamos todo lo que se hizo y confrontémonos con todos los poderes del Estado. Entonces se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como cultura. Se quitaron las políticas de paridad de género, la escuela Judicial volvió a ser un club de amigos”, según Zaldívar.
Sin embargo, derivado de una denuncia anónima entregada el 9 de abril pasado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra Zaldívar, expresidente de la SCJN y 20 personas más, se detalló que éste habría encabezado a una veintena de colaboradores, quienes habrían operado un esquema mediante el cual se ejercieron presuntas presiones, intimidaciones, extorsiones y acoso a jueces, juezas, magistrados y magistradas.
El objetivo –conforme a los denunciado– era obtener resoluciones favorables a sus opiniones al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y en ese plan habría participado el hoy exconsejero Jurídico de la presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra.
De acuerdo al escrito con esas conductas se incurrió en presuntos delitos e irregularidades de carácter administrativo como supuesta corrupción, atentar contra la independencia judicial, falta de profesionalismo, violencia sexual, cohecho, desvío de recursos públicos, abuso de funciones y enriquecimiento ilícito.
A la denuncia se le dio trámite de acuerdo a las normas del Consejo de la Judicatura, mismo que es regulador de jueces y magistrados federales.