Denuncias por acoso aumentan en dependencias de gobierno, pero no las sentencias

Esto ocurrió en octubre de 2024 en el plantel de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. Sin embargo, el Colegio de Bachilleres (Colbach) ya registraba otras protestas de estudiantes por supuestos casos de acoso sexual. En 2023 sumó 77 denuncias.

El Colbach fue la institución de la Administración Pública Federal que más quejas de este tipo acumuló en los Comités de Ética y se convirtió en la cara de un problema de violencia de género que se extiende de los hogares a las calles y hasta el gobierno.

Denuncias por acoso en dependencias públicas

De acuerdo con el registro de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), las denuncias por hostigamiento o acoso sexual en instituciones de gobierno se han incrementado exponencialmente en siete años.

En 2016 se presentaron 50 y el año 2023 cerró con 1,380. De esa cifra, 591 se presentaron ante los Comités de Ética de las dependencias y 789 ante los Órganos Internos de Control (OIC).

Las escuelas, los hospitales e inmuebles de las secretarías de Estado, organismos gubernamentales y Fuerzas Armadas son los lugares donde más se comete esta violencia.

De las denuncias interpuestas ante los OIC en 2023, la mayoría corresponde a 10 instituciones. Así quedó la lista:

1. Secretaría de Educación Pública (SEP) con 196 denuncias.
2. El IMSS, con 129
3. El Instituto Politécnico Nacional (IPN), con 89
4. El ISSSTE, con 46.
5. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, con 23.
6. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 23.
7. La Agencia Nacional de Aduanas, con 16.
8. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) con 16.
9. La Guardia Nacional, con 14.
10.La Secretaría de Bienestar, con 11.

Más denuncias, pocas sanciones

Para la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, Lucía Núñez, el aumento de las quejas por acoso tiene dos lecturas. Por un lado, significa que más mujeres se atreven a denunciar. Pero, por otro lado, comprueba que el acoso sexual continúa presente en los centros escolares y de trabajo.

El problema, subraya, es que pocas de las denuncias concluyen con resoluciones o sanciones. Es decir, la Administración Pública ha establecido más vías para denunciar, pero no ha logrado fortalecer los mecanismos de investigación que permitan imponer sanciones a los culpables.

“Lo desafortunado en México, con la figura del hostigamiento en general, es que hay una brecha muy grande entre la denuncia y finalmente la sentencia, ya sea una sentencia civil, una sentencia laboral o una sentencia penal”, explica.

Los datos le dan la razón. De las 591 denuncias interpuestas ante Comités de Ética en 2023, únicamente 290 (49%) habían concluido. De ese universo, solo en 136 casos se ordenaron medidas de protección para las denunciantes, como asistencia psicológica, seguridad perimetral, cambios de horario o reubicación de los señalados. En la mayoría, la medida fue “instruir” a la persona denunciada a evitar o restringir el contacto o acercamiento con la denunciante.

Además, los Comités recomendaron capacitaciones de sensibilización sobre violencia de género para las personas denunciadas y, en algunos casos, para toda la institución.

Al respecto, la doctora Núñez comenta que es un buen indicador optar por medidas administrativas o laborales de reparación o sanción, y no solo por sanciones penales.

Sin embargo, estas resoluciones son mínimas. De las 789 denuncias interpuestas en los OIC, solo 223 (28%) habían concluido: 189 fueron archivadas por falta de elementos y 13 archivadas por incompetencia. Apenas 21 denuncias fueron turnadas al área de responsabilidades administrativas. El resto continuaba en investigación.

“El problema, primero, era que no se denuncia porque no hay consecuencias jurídicas por ninguna vía. Entonces, cuando ya se denuncia, el problema es en qué devinieron esas denuncias. En general no hay procedencia”, lamenta.

Corrupción y género

A pesar del aumento en las denuncias, la investigadora del CIEG observa que todavía hay casos que no se denuncian, sobre todo cuando se trata de personas con un nivel jerárquico superior que logran una relación al parecer consentida, pero que devino de un hostigamiento sexual, de presiones y del miedo a perder el empleo.

Estos casos, señala la especialista, se consideran de corrupción basada en el género. “O sea, usan el dinero público, el poder, el puesto, para cometer este tipo de acciones”, explica. “Hay un consentimiento, entre comillas, de personas adultas, pero en realidad hay un abuso de poder porque se piden relaciones sexoafectivas a cambio de un puesto que es pagado con dinero del erario”, detalla.

Por eso, indica, se debería legislar esta figura y destituir a los funcionarios que usan el dinero público para obtener favores sexuales a cambio de beneficios laborales.

Según los datos de la SFP, las denuncias presentadas en 2023 fueron, principalmente, contra personal operativo, docentes, directores de área, jefes de departamento, subdirectores de área, médicos y jefes de oficina.

Las principales conductas denunciadas fueron tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, realizar cualquier expresión con connotación sexual sobre la apariencia o la anatomía de una persona, condicionar la prestación de un trámite o servicio público o evaluación escolar a cambio de acceder a sostener conductas sexuales.

Aunque en menor medida, también se registran denuncias por mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas; tomar represalias de cualquier índole por rechazar proposiciones de carácter sexual, y condicionar la obtención o permanencia en un puesto de trabajo a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual.

El papel de las escuelas

Sobre el hecho de que el mayor número de denuncias proviene de escuelas de nivel medio superior y universidades, la doctora Lucía Núñez explica que en el ámbito educativo se han establecido más medidas y protocolos de atención a la violencia de género y, en particular, al acoso sexual.

Esto es resultado de movimientos estudiantiles encabezados por alumnas y trabajadoras de los planteles para exigir transformaciones sociales y protocolos. Además de que es un sector más controlado y muchas personas son conscientes de la importancia de denunciar las violencias. A la Ley General de Educación Pública, incluso, se aplicaron reformas para nombrar y regular el hostigamiento y acoso sexual.

El Colegio de Bachilleres de Iztapalapa no quedó al margen de esto. Tras los señalamientos de las y los estudiantes y diversas manifestaciones, las autoridades han puesto más atención a su protocolo de atención a la violencia de género. Esta semana, ahora en Oaxaca, se destituyeron a 14 profesores acusados de probable acoso sexual contra estudiantes.

Sin embargo, reitera la académica, falta establecer mecanismos de reparación del daño, mejorar los protocolos de atención y, sobre todo, contraatacar la impunidad, a fin de que estos casos no se repitan.