La labor que realizan los organismos autónomos ha contribuido a fortalecer la democracia en México, combatir la desigualdad y diseñar mejores políticas públicas.
También han sido esenciales para vigilar la competencia y evitar altos costos a los consumidores, regular la extracción de hidrocarburos y hasta ayudar a que más personas tengan acceso a internet.
Sin embargo, una reforma constitucional, impulsada desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, busca desaparecer siete órganos autónomos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Además de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
La iniciativa en materia de simplificación orgánica, en análisis en la Cámara de Diputados, argumenta que estos organismos duplican funciones o son onerosos, y propone extinguirlos para que secretarías de Estado o institutos absorban sus atribuciones.
Sin embargo, los órganos autónomos han defendido que sus tareas no se duplican en la Administración Pública y resultan relevantes para garantizar el derecho a la información, aportar datos sobre la pobreza y la educación, además de prevenir la corrupción en diversos sectores.
En general, los siete organismos autónomos han hecho contribuciones importantes y alcanzado logros. Aunque también hay espacio de mejora en su operación, la reforma constitucional no justifica su desaparición.
Aquí presentamos algunos de los principales logros de los órganos autónomos que podrían desaparecer.
Desde que surgió el Inai, por ejemplo, la ciudadanía ha tenido un aliado para exigir a las autoridades rendición de cuentas. A través de solicitudes de información, de la vigilancia del instituto y de sus resoluciones, se ha logrado sacar a la luz casos de corrupción y de violaciones graves a derechos humanos, que de otra manera seguirían ocultos o reservados.
El Inai ha contribuido también a que los gobernantes y dependencias transparenten de manera obligada y con actualizaciones frecuentes los salarios de los funcionarios, los contratos que adjudican, los gastos en viajes y viáticos, a fin de que la ciudadanía los pueda consultar.
El logro más importante del Inai es su intervención para que los gobiernos no oculten información. En 20 años, se han presentado más de 4,000,000 de solicitudes de información y, para obtener respuesta, en muchas de ellas tuvo que mediar el instituto, asegura la comisionada del INAI Blanca Lilia Ibarra.
“La obtención de información se hubiera visto frustrada sin la intervención de un órgano independiente, técnico y autónomo, con capacidad de revisar las respuestas, como el INAI”, explica en la red social X.
A lo largo de su existencia, este organismo que garantiza el acceso a la información pública de los gobiernos y fomenta la rendición de cuentas, ha tenido un impacto en los derechos de ciudadanos.
Con el "lema lo que se mide se puede mejorar", el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) evolucionó la forma en la que se analiza la pobreza en el país y cómo sirven los datos para mejorar y evaluar los programas sociales.
Entre los avances de este organismo están la generación de datos nuevos y plataformas accesibles para la ciudadanía.
La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, conocida como Mejoredu, y que sustituyó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación tras la reforma educativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador también contribuyó en la mejora continua de la educación a través de la formación y actualización del magisterio, la gestión escolar y el sistema educativo en su conjunto
Este organismo que realiza evaluaciones educativas para la mejora de los aprendizajes, la práctica docente y los planes de estudio, tuvo sus propios logros en el poco tiempo que ha funcionado como:
La Comisión que regula el sistema de competencia en México para evitar altos costos para los consumidores, barreras de entrada a nuevos negocios y una falta de incentivos para mejorar productos y servicios, ha servido a los ciudadanía para evitar abusos, pero también como defensoría de empresas.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es el ente encargado de emitir las disposiciones regulatorias que operan actualmente en el mercado de las telecomunicaciones y radiodifusión, las cuales son emitidas mediante perfiles especializados en ingeniería, economía, regulación y competencia económica.
Además, es el encargado de diseñar el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, es decir, del espectro radioeléctrico, uno de los insumos más importantes de la industria de conectividad.
Entre los logros del Instituto están la disminución de precios de los servicios de conectividad y también para que aumente el número de usuarios conectados y para que los ciudadanos pudieran hacer portabilidad de sus números sin tantas trabas. También contribuyó para que las comunidades comunitarias pudieran tener sus propias radios.
Este organismo que ha servido como regulador cuenta con independencia frente al poder público y los regulados, uno de los aspectos más importantes para evitar favorecer a alguno de ambos. Su tarea es la de regular y supervisar la exploración y extracción de hidrocarburos en México.
La Comisión Reguladora de Energía, también dentro del paquete de organismos prontos a desaparecer, regula –como su nombre lo indica– el funcionamiento del sector energético de México, que abarca tanto al sector eléctrico como el de hidrocarburos (gasolinas, gas natural, gas LP).
También otorga permisos, establece las reglas y promueve su desarrollo, lo cual ha contribuido a garantizar la competencia entre los agentes económicos, lo que ha significado algunos avances a favor de consumidores.
