Ataque a la autonomía judicial
Otro objetivo de los promoventes es exponer cómo la reforma daña a la independencia judicial en diversos puntos: se remueve masivamente a los juzgadores, se viola la inamovilidad judicial y se instaura un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para sancionar a los juzgadores por sus criterios jurisdiccionales, pero sin garantías de debido proceso.
La reforma incluyó que las resoluciones de ese Tribunal -que al mismo tiempo investigará y sancionará- son inatacables, por lo que no habrá segunda instancia, y las irregularidades a sancionar son ambigüas, lo que, advierten, se podría prestar a la persecución.
"Se sancionarán (los) actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia, incluyendo aquellas vinculadas con hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes, o cuando sus determinaciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determine”, indica la Reforma Judicial.
En su escrito inicial, los magistrados dejaron en claro que la Reforma Judicial busca "deshacerse" prácticamente de la totalidad de juzgadoras y juzgadores, que “tirará por la borda" más de treinta años de funcionamiento y eliminará toda expectativa de profesionalismo y meritocracia.
Además, acusan que la reforma no respeta la duración en el cargo de los juzgadores, que es una garantía de independencia que les permite trascender los contextos políticos, lo que traerá como consecuencia que sea más fácil ejercer presión, amenazas o represalias en su contra.
"Al debilitarse esos mecanismos se generarán incentivos perversos para esperar recompensa por decisiones (judiciales). Los nuevos jueces pasarán a pertenecer de facto a la presidencia”, alertan.
Con todo ello –según los juzgadores- el Estado Mexicano afectaría la separación de poderes y la independencia judicial que se comprometió a respetar al adherirse a la Convención y a la Carta Democrática Interamericana, aprobada en 2001 por la OEA.
La jueza Juana Fuentes, dirigente de la JUFED, expuso su confianza de que el caso mexicano sea admitido ante la CIDH y se emita una postura del organismo interamericano, como ya ha pasado en otros asuntos.
“Hay criterios de la CIDH que dejan una clara muestra de que no puede haber despidos masivos de juzgadores”, dijo en un foro al explicar por qué acuden a la CIDH.
"En las instancias internacionales ya hay criterios, tampoco es algo inédito. Ha pasado en otros países, a lo mejor no de la forma en la que pasa en México, pero sí hay criterios y son justo los precedentes que nosotros invocamos para poder llevar a cabo estas acciones”, aseguró.
Un antecedente de ello ocurrió en 2021, cuando la CIDH condenó la destitución de magistrados en El Salvador y expuso que el principio de la inamovilidad de jueces en sus cargos es fundamental para la independencia judicial.
“La separación anticipada del cargo de una persona magistrada debe obedecer exclusivamente a las causales previamente establecidas, en un proceso que respete el debido proceso y las garantías judiciales y cualquier decisión debe estar debidamente motivada” planteó la CIDH en ese caso.
Sin embargo, por ahora, la CIDH sólo ha iniciado una audiencia y esta no va a ser vinculante, recuerda Checa Gutiérrez.
"Porque pues no estamos en un proceso, o sea, apenas está iniciando la discusión, pero sí será relevante el pronunciamiento que pueda hacer la Comisión al Estado mexicano y saber también cuál va a ser la postura de éste ante la CIDH", apunta.
El litigante Raúl Andrade considera que la audiencia de este martes será como de conciliación, pues si bien México está adherido a las convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos, el Estado tiene la oportunidad de defender la reforma.
Andrade, quien como representante jurídico de la Fundación Iris en Defensa de los derechos Humanos, y promotor de uno de los amparos contra la Reforma Judicial, también acudirá a la audiencia, dijo que lo que se espera es que haya un atisbo de solución.
"Podría ocurrir también una conciliación: que no se van todos los jueces o en caso extremo es que nos escuchen y recapaciten”, agrega.
¿Qué pasará con la justicia en 2025?
Cristina Reyes, de MUCD, expone que esta organización pondrá el acento en el efecto de la reforma en el sistema de justicia y cómo no se introdujo ningún elemento de mejora, pues se dejó fuera a las fiscalías.
“Esta reforma judicial afectará el acceso a la justicia de toda la ciudadanía porque la selección de juzgadores no atiende ninguna de las necesidades ni de las víctimas, ni de las personas sujetas a proceso”, expuso.
"Con la llegada de nuevos juzgadores electos en urnas y con débiles evaluaciones, no hay garantía de que sean los más capaces para ejercer de jueces y magistrados. Los problemas que arrastra la justicia son investigaciones deficientes o no existe solución adecuada a los delitos y muchas de esas deficiencias vienen de una falta profesionalización de la fiscalías; falta de voluntad política para tener un plan de seguridad efectivo; abandono total de las defensorías públicas; la apuesta por un sistema punitivo y déficit presupuestal al sistema de justicia”.
Nada de eso se incluyó en la reforma, alerta, ni se modificará con ella, pues sólo se creó un sistema de elección de juzgadores.
"Vamos a tener un Poder Judicial subordinado al poder político y sin garantía de independencia judicial, que es lo que es la ciudadanía necesita para la protección de sus derechos y acceso a la justicia”.
Cristina Reyes, de MUCD
A todo ello se agrega, indica Reyes, que debido a que la reforma constitucional fue apresurada, no se previó qué pasará con los procesos abiertos y el resultado será la indefensión de las personas.
"Ahora habrá juzgadores sustituidos y corremos el riesgo de que muchos de estos juicios se han interrumpidos o que sean aplazados de manera innecesaria. Se afecta a las personas en espera de una sentencia y probablemente privadas de su libertad, a las víctimas del delito si sus juicios son reiniciados y con ello habrá una revictimización”, añade.
Este periodo de cambio de integrantes del Poder Judicial, coincide, no sólo alienta las presiones, sino que pone en riesgo a testigos en del acceso a la justicia.