La impunidad crece en delitos de homicidio, desaparición, secuestro y violación

Crece impunidad:

De 2022 a 2023, se registra un incremento en los siguientes delitos de alto impacto:

• Homicidio doloso, de 95.7% a 96.86%.
• Desaparición forzada, de 96.5% a 99.51%.
• Secuestro, con un crecimiento de 82.8% a 87.08%.

En el caso del homicidio doloso, por ejemplo, las entidades con mayor impunidad son Colima, Durango y Jalisco, las cuales presentaron un 100%, y las de menor impunidad son Yucatán (65.52%), Querétaro (71.43%) y Baja California Sur (78.95%).

"Se observa que las entidades con menor impunidad lograron esos niveles por presentar un menor número de casos en términos comparativos y canalizar los asuntos principalmente a través del procedimiento abreviado, derivando en sentencia condenatoria", refiere el documento.

También se reporta una mayor impunidad en los delitos de extorsión, que pasó de 96.4% a 98.36%; violación, de 93.8% a 94.5%; despojo, de 95.1% a 96.36%; y fraude, de 96.8% a 97.24%).

Las entidades con más impunidad en el delito de secuestro son Baja California, Campeche, Chiapas, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí, que no reportaron alguna resolución efectiva para sus casos. Con menor impunidad de este ilícito figuran Querétaro, Chihuahua, Zacatecas y Coahuila.

En esos delitos -con aumento de impunidad- se han presentado una mayor desatención de las autoridades y una falta de investigación o resolución de los casos, lo que impide lograr acuerdos reparatorios, salidas anticipadas o sentencias, y mantiene los delitos en la impunidad.

“Para mejorar la justicia penal se necesita fortalecer a las instituciones con personal capacitado y suficiente. Para lograrlo, no bastará con invertir más recursos; se debe replantear su distribución con una visión de sostenibilidad, inclusión y orientación a resultados”, comentó Mariana Campos, directora general de México Evalúa, en la presentación del informe.

En contraste, según el informe, otros delitos redujeron su nivel de impunidad. Entre ellos se encuentra el feminicidio, que pasó de 88.6% a 86.78%; la violencia familiar, de 98.6% a 96.8%; abuso sexual, de 96.1% a 95.85%; y narcomenudeo de 94.1% a 91.92%.

El nivel de impunidad es un indicador que se aproxima “a un registro de la efectividad con la que las instituciones de procuración e impartición de justicia responden a la comisión de delitos y cómo los gestionan y, en su caso, resuelven”, explica el informe.

Se basa en el sistema de medición de la impunidad creado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Medir la impunidad de los delitos es necesario porque cuando los crímenes no se resuelven tienen consecuencias adversas, como mantener en prisión a personas inocentes, alejar a las víctimas de su derecho a la verdad o vulnerar los derechos y libertades de personas detenidas de manera preventiva, subraya el informe.

¿Por qué no ha disminuido la impunidad?

El informe concluye que, si bien el sistema acusatorio y oral ha sido implementado, la impunidad no ha disminuido significativamente por factores como que la calidad de la justicia penal en México es "extremadamente pobre"; así como la inexistencia de políticas criminales eficaces y estrategias de persecución penal capaces de reaccionar a fenómenos complejos de criminalidad.

México Evalúa también identifica como causas del retroceso que persisten viejas prácticas o vicios en la procuración de justicia; la implementación desigual de los cambios en el sistema; la ausencia de procesos homologados; y deficiencias en las capacidades instaladas en los estados, entre otros.

"En términos generales, los resultados de la justicia penal son sintomáticos de los obstá culos y brechas que persisten y que han impedido que los cambios institucionales alcanzados a partir de la reforma de 2008 se traduzcan en mejoras socialmente palpables y sostenidas año con año", indica.

"Recordemos que un sistema que es incapaz de responder eficazmente, que permanece inmóvil ante los delitos que más lastiman a la sociedad, que reproduce narrativas punitivas y que ignora los principios sobre los cuales des- cansa todo su andamiaje trae como consecuencia una justicia penal invisible y lejana. La percepción de que la denuncia de delitos no tiene una utilidad real está apoyada, desgraciadamente, en la práctica cotidiana, pues sólo una mínima parte de los delitos que llegan al conocimiento de las autoridades logran una resolución. La tónica a lo largo de once años ha sido la excepcionalidad de la justicia penal, que implica que sólo alrededor de 1 de cada 100 delitos se resuelve".

La organización hizo una serie de recomendaciones para reducir la impunidad:

1. Articular y evaluar de forma sistémica a la justicia penal.
2. Redistribuir estratégicamente el gasto entre los ámbitos y las instituciones de justicia penal.
3. Desarrollar modelos operativos alineados a las políticas y prioridades del Estado.
4. Comprometer la operación hacia un modelo garantista y "antipunitivo", en el cual se privilegie la libertad y el uso racional del encarcelamiento.

5. Concretar el desarrollo de investigaciones criminales sólidas y enmarcadas en análisis de contexto.