Tras meses de conflicto entre el Gobierno federal con Calica, filial de Vulcan Materials, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió su advertencia y declaró área natural protegida el polígono Felipe Carrillo Puerto, el cual incluye el banco de materiales de la empresa en Quintana Roo.
En octubre pasado, el presidente aseguró que antes de que concluyera su Gobierno, el próximo 30 de septiembre, declarararía Área Natural Protegida los terrenos de la mina Calica, lo que sucedió este lunes.
Ese día en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el “Decreto por el que se declara área natural protegida Felipe Carrillo Puerto, con la categoría de área de protección de flora y fauna, la superficie de 53,227-07-02.37 hectáreas, ubicada en los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, estado de Quintana Roo”, el cual entró en vigor este mismo 23 de septiembre.
Tras la publicación en el DOF, la empresa informó planea defenderse mediante "todas las vías legales disponibles".
"Esta acción nos priva del uso de nuestra tierra y tenemos la intención de defendernos utilizando todas las vías legales disponibles", afirmó Vulcan Materials en un comunicado enviado a Reuters.
El artículo sexto del decreto establece que una de las actividades que queda prohibida en el polígono protegido es “abrir bancos de material, extraer material pétreo o materiales para construcción”, una actividad que realizaba la empresa Calica, filial de la estadounidense Vulcan.
El decreto está compuesto por 16 artículos, y establece que a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, será la encargada de proteger, administrar, manejar, preservar y restaurar los ecosistemas y los elementos del área de protección de flora y fauna Felipe Carrillo Puerto.
Las únicas actividades permitidas son:
I.Preservación y conservación de los ecosistemas y sus elementos;
II. Investigación y colecta científicas;
III. Monitoreo del ambiente;
IV. Educación ambiental;
V. Turismo de bajo impacto ambiental;
VI. Aprovechamiento extractivo de la vida silvestre;
VII. Aprovechamiento forestal;
VIII. Agrícolas y ganaderas de baja intensidad;
IX. Restauración de ecosistemas y reintroducción o repoblación de especies;
X. Erradicación o control de especies exóticas, exóticas invasoras o que se tornen perjudiciales;
XI. Construcción y mantenimiento de infraestructura pública o privada, y
XII. Las demás previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de acuerdo con la subzona en donde se pretendan realizar.
Desde hace varios años, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su desencuentro con Calica.
En 2022, el mandatario acusó a la empresa de provocar daños ambientales con la extracción de piedra caliza. Meses después, sostuvo que la empresa lo “engañaba” pues a pesar de tener una suspensión de actividades, seguían con la extracción de material, por lo que procedería legalmente.
“Es una destrucción al territorio sin precedente y lo siguen haciendo. Acabo de estar el fin de semana y me habían engañado de que ya no estaban extrayendo material. Pasaba yo por ahí, sobrevolaba y en efecto, estaba todo parado. Pero ahora pasé, quizá no sabían y sobrevolé y me di cuenta de que están trabajando con todo, extrayendo material y vi cómo están cargando un barco”, dijo el 2 de mayo de 2022.
En busca de una solución, el presidente ofreció a Calica comprarle sus terrenos. En 2023 anunció que su Gobierno realizaba un avalúo, el cual sería enviado a través del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, para que se lo hiciera llegar a Vulcan.
“Un avalúo de todo, y ya lo estamos haciendo, y les voy a enviar una propuesta a través de Esteban Moctezuma, el embajador nuestro en Estados Unidos, para decirles: Aquí va el avalúo, que se le anexa el avalúo, les compramos”, comentó el 13 de julio del año pasado.
En Estados Unidos hubo quejas respecto a la posición del presidente. La empresa pidió al embajador Ken Salazar interviniera en el asunto.
“Escribo para solicitarle a usted, al Departamento de Estado y al Gobierno de EU que protejan a nuestros empleados y nuestra propiedad en México evitando acciones de represalia”, dice la carta enviada por el director ejecutivo de Vulcan, Tom Hill al embajador Salazar.
La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador también generó reacciones en el Congreso de Estados Unidos.
Legisladores presentaron una iniciativa de ley para imponer sanciones al Gobierno de México en caso de que se concretara la expropiación.
“A ninguna nación o presidente, y especialmente a uno de nuestros mayores socios comerciales, se le debería permitir intimidar a una empresa estadounidense sin consecuencias. Nuestra legislación ayudará a socavar cualquier intento de AMLO de sacar provecho de sus acciones ilegales y, en caso de una incautación, fortalecería la posición de nuestra nación en las negociaciones comerciales con México”, dijo la senadora Katie Britt.
