En un comunicado conjunto, Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel se manifestaron en contra de la suspensión de labores.
''Es nuestra responsabilidad constitucional ejercer el cargo de ministras y prestar el servicio público de impartición de justicia'', indicaron.
Las funcionarias dijeron que en la Constitución mexicana se establece que proceso la imposición -mediante juicio político- de la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otra función en el servicio público a las ministras o ministros que en el ejercicio de sus funciones incurren en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Lenia Batres señaló que antes de la sesión no se le trasmitió ningún nuevo punto en el orden del día, fuera de dos acciones de inconstitucionalidad.
''Por cierto, voy a insistir en que la SCJN no tiene facultad para suspender sus obligaciones jurisdiccionales, más bien está obligada a velar por que el resto del Poder Judicial las cumpla'', escribió en sus redes sociales.
También destacó que menos de un tercio de los trabajadores de la Suprema Corte votaron a favor para irse al paro. Entre los votos en contra de frenar labores estuvo el suyo.
La controvertida reforma al Poder Judicial, propuesta por el mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador y secundada por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha generado nerviosismo en los mercados; preocupaciones de inversionistas y tensiones con los socios de México en un acuerdo comercial, Canadá y Estados Unidos, especialmente por lo referido a la elección por voto popular de miles de jueces y magistrados.
La reforma busca, entre otros puntos, que más de 7,000 jueces, magistrados y ministros de la corte suprema sean elegidos mediante el voto popular. Ello ha llevado a miles de trabajadores judiciales a un paro de labores y ha golpeado especialmente al peso mexicano.
-Con información de Reuters.
