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Juez frena discusión de la reforma al Poder Judicial en el Congreso de la Unión

La suspensión contra la reforma ocurre horas antes de que en el Congreso iniciara la discusión de la reforma judicial, promovida por Andrés Manuel López Obrador.
sáb 31 agosto 2024 01:40 PM
Manifestación Trabajadores del Poder Judicial
Los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial reprochan los dichos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El Juzgado Quinto de Distrito, con sede en en Cuernavaca, Morelos, concedió una suspensión provisional para frenar la discusión de la Reforma al Poder Judicial, la cual estaba programada para iniciar este 1 de septiembre con la nueva legislatura del Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

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En el expediente 1251/2024, la parte quejosa presentó un juicio de amparo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Legislativo por la propuesta de reforma constitucional con la que cual, magistrados, jueces de la Judicatura Federal y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán definidos por voto popular a partir de 2025.

El o los demandantes señalan que el dictamen de la reforma judicial fue aprobado el pasado 26 de agosto por la Comisión Permanente de la legislatura que está por terminar, violando así el procedimiento legislativo.

La demanda fue ingresada y admitida el 29 de agosto, y la suspensión fue concedida al día siguiente. Se alega que la nueva legislatura no tendría facultades para discutir una reforma constitucional de esta índole, lo cual infringe el artículo 186 del reglamento de la Cámara de Diputados.

“Dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura. Es claro que la suspensión resulta procedente, en estos momentos, donde el nuevo Poder Constituyente aún no recibe la iniciativa materia de la controversia”, se lee en el documento

Otro de los argumentos de la parte quejosa contra la discusión de la reforma al Poder Judicial, es que la destitución de ministros, magistrados y jueces, una vez aprobada dicha reforma, dejaría en la indefensión al personal al no existir derecho de audiencia.

“Es claro que la suspensión debe otorgarse para efecto de que el acto que reclaman no se formalice en la norma suprema, pues de hacerse sería inatacable. Lo anterior, debido a que de negarse la suspensión, al momento de materializarse la reforma constitucional y cumplidos los plazos de la misma, los peticionarios quedarían en estado de indefensión. Sobre esas bases, los efectos de la suspensión de oficio concedida son, para que: -No surta efectos para los quejosos, el proyecto de dictamen”, explica.

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Por su parte el juzgado tercero de distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, concedió una suspensión provisional a cuatro quejosos contra la discusión contra el dictamen que modifica los artículos 17, 20, 76, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 113, 116 y 122 de la constitución.

El juez federal consideró que el Congreso de la Unión no declaró la caducidad del proceso legislativo de la reforma judicial, al concluir la 65 legislatura y por tanto ordenó que de llegarse a discutir en alguna de las dos Cámaras no se envíe a los congresos locales y al de la Ciudad de México para su discusión hasta que no sea resulta la suspensión definitiva.

Estos amparos se dan a un día de que inicien los trabajos de los nuevos diputados federales y senadores electos el pasado 2 de junio.

Morena y partidos aliados tienen mayoría en la Cámara de Diputados y están a uno o dos legisladores de lograr la mayoría calificada en el Senado para aprobar sin problemas cualquier reforma, incluida la Judicial.

También se da en medio de protestas y un paro de labores por parte de trabajadores del Poder Judicial en todo el país. Los manifestantes argumentan que la reforma propuesta minimiza la carrera en esta institución y determinaría ministros, jueces y magistrados por simpatías políticas.

¿Qué implica la reforma judicial?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será destituida íntegramente para dar paso a ministros electos en urnas en 2025, en tanto que jueces y magistrados serán relevados de manera escalonada y gradual: la mitad el próximo año y una tómbola o insaculación pública decidirá si su puesto será sometido a las urnas o no.

De acuerdo con la propuesta, la elección será el primer domingo de junio de 2025, se elegirán todos los ministros de la SCJN, dos magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistraturas de las cinco salas regionales de ese Tribunal, y los integrantes de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial -hasta aquí 35 cargos- y la mitad de los puestos del circuito judicial.

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