Presidente del INAI propone modernización para evitar su desaparición

En entrevista por Radio Fórmula, Alcalá Méndez, advirtió que, en caso de que esa reforma se apruebe en el pleno de la Cámara de Diputados, así como en el Senado de la República, “habrá una fragmentación del derecho”.

“Nosotros estamos abiertos al diálogo, que tenemos que modernizarnos como instituciones del Estado, pero a partir de un diálogo y también de la austeridad que hemos ofrecido y seguiremos trabajando hasta el final, vamos a seguir luchando por los derechos de las y los mexicanos”, dijo.

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El comisionado presidente del INAI recordó que el INAI continuará trabajando "hasta al final".

"En términos de lo que establece el dictamen se tendrán 90 días para que la legislatura promulgue la siguiente legislación, es decir, que se establezcan las competencias, los procedimientos, como se estará confirmado sí será un órgano colegiado...", agregó.

Alcalá Méndez detalló además que hasta este momento el organismo continúa contando con el presupuesto necesario para realizar sus labores.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es el organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de dos derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales

El 11 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que creó al entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), que comenzó a operar a partir de junio de 2003. En 2014 se cambió el nombre a INAI.

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Desde entonces, este organismo autónomo se ha encargado de promover la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno.

El dictamen, ya aprobado en comisiones, propone la extinción de siete órganos autónomos en total: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJORADU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH), cuyas funciones pasarían a dependencias del Gobierno Federal o al Inegi.