El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dijo que el dictamen aprobado plantea modificaciones constitucionales que implican el resurgimiento de un modelo institucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, ''que demostró serias limitaciones para asegurar que más personas tuvieran acceso a más y mejores servicios, así como para incrementar la competencia en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, lo que conllevaría un grave retroceso en perjuicio de las personas usuarias y audiencias en nuestro país''.
''Con el modelo institucional anterior a la reforma constitucional de 2013, las decisiones colegiadas del regulador estaban supeditadas a la revisión de una persona dentro de la misma dependencia a la que estaba subordinado, es decir, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien podía modificar o revocar determinaciones del regulador en atención a las coyunturas, situación que alejaba la toma de decisiones de criterios técnicos y jurídicos claros y robustos'', expuso.
Por su parte, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) señaló, ante su eventual desaparición, que es indispensable diseñar una reforma que asegure el fomento a la libre competencia y que beneficie a los consumidores, proteja a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulse el desarrollo regional y atraiga la inversión.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Carta Magna, que proponen la extinción de siete órganos autónomos:
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJORADU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH), cuyas funciones pasarían a dependencias del Gobierno Federal o al Inegi.
El dictamen destaca en sus transitorios que las economías y ahorros que se generen con la extinción de estos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Aclara que los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad, en términos de la legislación aplicable.
Las reformas establecen que las facultades y obligaciones de estos entes públicos se transfieren a diversas dependencias del Gobierno Federal y al Inegi, y se otorga al INE la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos.
También se extinguen los organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
El dictamen se aprobó en lo general por 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones, y en lo particular, con 22 votos en pro, 16 en contra y cero abstenciones. Se remitió a la Mesa Directiva para sus efectos constitucionales.
