También menciona que de 2018 a 2024 se han asignado a estos organismos autónomos -que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio- 32.3 millones de pesos, los cuales, dice el proyecto, equivalen a 5 millones de pensiones bimestrales para los adultos mayores.
El proyecto avalado establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) desaparecerá, por lo que sus actividades pasarán a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes.
También desaparece el Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y sus acciones, como garantizar la libre competencia y concurrencia en los mercados, para pasar a la Secretaría de Economía.
Además, modifica el artículo 28 de la Constitución para extinguir los órganos reguladores en materia energética, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). De acuerdo con el proyecto, se busca que la Secretaría de Energía cuente con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica y la facultad de sancionar en materia energética e hidrocarburos.
Otro organismo que desaparece es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Sus funciones de acceso a la información y protección de datos personales se trasladan a la Secretaría de la Función Pública, al órgano de control del Poder Judicial y a las contralorías del Congreso de la Unión. Esto pretende replicarse a nivel estatal.
Asimismo, desaparece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y sus funciones como medición de la pobreza y evaluación de programas sociales, las cuales estarán en manos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
