El gobierno desaparecerá primero autónomos que no requieren reforma legal

En Palacio Nacional, el pasado lunes López Obrador sostuvo la primera reunión con su gabinete legal y ampliado, a quienes les encargó analizar qué órganos autónomos podrían ser absorbidos por las secretarías o direcciones que actualmente forman parte del gobierno federal.

El presidente argumenta que el objetivo de su propuesta es evitar duplicidades de funciones y ahorros a la administración pública. En una segunda etapa, adelantó, serían órganos creados por ley, previo análisis de cuántos hay, cuánto cuestan y cuáles pueden ser absorbidos por dependencias del gobierno federal.

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Puso como ejemplo el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que regrese a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Desde su llegada a la Presidencia de la República, López Obrador ha lanzado constantes críticas contra los órganos autónomos, a quienes también ha cuestionado su efectividad y su costo “oneroso”.

Un ejemplo que plantea reiteradamente es el del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que asegura cuesta 1,000 millones de pesos, cuando sus funciones podrían ser realizadas por instituciones como la Secretaría de la Función Pública.

En el foro virtual "La transparencia bajo amenaza" de Expansión Política, María Marván Laborde, excomisionada del INAI (antes IFAI), afirmó que desaparecer al INAI vulneraría tres artículos constitucionales.

"Pero estaríamos ante una reforma que contradice tres artículos constitucionales: el sexto, que es de la información; el 16, de la privacidad; y más importante el primero, que nos obliga a la progresividad en la interpretación de todos los derechos humanos", aseguró.

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En defensa de los órganos autónomos 47 organizaciones civiles y 86 activistas y periodistas publicaron un posicionamiento conjunto, en el que argumentan que eliminar a los organismos autónomos, como el INAI o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), implicaría un grave retroceso en materia de derechos humanos en México.

El presidente defiende su propuesta pues asegura que hay duplicidades y un costo elevado de alrededor de 500,000 millones de pesos para la administración pública.

“Necesitamos seguir limpiando de corrupción el gobierno, que haya austeridad. Tenemos más de 200 organismos autónomos con un presupuesto destinado a estos organismos de cerca de 500,000 millones de pesos”, aseguró.