En entrevista con la agencia EFE, el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, aseguró que inversionistas canadienses se han mostrado preocupados por la reforma al Poder Judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador.
“He escuchado esta mañana estas preocupaciones. Entonces, lo único que estoy haciendo es escuchar lo que dicen nuestros inversionistas al respecto y hay preocupación”, dijo el funcionario a la agencia de noticias.
De acuerdo con Clark, la reforma judicial mexicana puede afectar el “vínculo de confianza”“vínculo de confianza” que hay entre autoridades de México y los empresarios de Canadá.
El funcionario dijo que su “interés es transmitir las preocupaciones del sector privado canadiense”.
“Como diplomático, soy muy sensible a cualquier comentario que podría ser visto como una injerencia en los asuntos de México y ciertamente no es el propósito”, puntualizó Clark.
La elección directa de jueces, clave de una polémica reforma judicial propuesta por el mandatario saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, representa un "riesgo mayor" para la democracia del país latinoamericano, dijo hoy el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.
La controvertida reforma busca que más de 7,000 jueces, magistrados y ministros de la corte suprema sean elegidos mediante el voto popular. En rechazo, miles de trabajadores judiciales iniciaron un paro de labores esta semana mientras el Congreso, de mayoría oficialista, se apresta a votar los cambios en septiembre.
"Basándome en mi experiencia de toda una vida y apoyando el Estado de Derecho, creo que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia en México", dijo Salazar en una carta pública.
La reforma ha puesto en vilo a los mercados. A pesar de ello, la presidenta entrante, Claudia Sheinbaum, quien asumirá su cargo en octubre, ha defendido la propuesta.
"Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas adecuadas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política", agregó Salazar.
El funcionario estadounidense añadió que el debate y la política en torno a la reforma amenazarían la relación comercial entre Estados Unidos y México, "que depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México".
En un intento por poner paños fríos a las reacciones de los mercados financieros, el oficialismo propuso más de 100 rectificaciones a la reforma. Sin embargo, analistas concuerdan en que los cambios principales -gradualidad y escalonamiento- no modifican la esencia de la iniciativa original.
López Obrador argumenta que es necesaria una transformación al sistema de justicia porque "no está al servicio del pueblo" y "responde a intereses de la delincuencia organizada".
Entre otros cambios, la reforma propone reducir número de integrantes de la corte suprema de 11 a nueve, crear un órgano de administración autónomo, un tribunal disciplinario, una reingeniería profunda de los principales ejes del sistema de justicia y un esquema de justicia cívica y alternativa para despresurizar al sistema penal.
American Society of Mexico reconoció el esfuerzo del Gobierno mexicano en fomentar la inversión y promover el nearshoring como una estrategia clave para el desarrollo económico del país. Sin embargo, consideró que la reciente propuesta de reforma judicial es un elemento que no da certeza jurídica a la inversión.
''La elección de jueces introduce un nivel de incertidumbre que puede minar la confianza en un sistema judicial que debería ser un pilar de certeza jurídica para las inversiones'', señaló.
La organización señaló que el Poder Judicial, independiente y robusto, es esencial para garantizar que las inversiones extranjeras en México cuenten con un marco legal predecible y confiable.
''Cualquier reforma que abra espacios a la corrupción, o que disminuya la confianza en la imparcialidad y efectividad del sistema judicial, es contraproducente para los objetivos de crecimiento económico que compartimos'', indicó.
''Nuestra comunidad, compuesta por los principales inversionistas estadounidenses, está comprometida con el desarrollo de México y con la creación de empleos que beneficien tanto a ciudadanos mexicanos como estadounidenses'', agregó.
La organización señaló que solo a través de un sistema judicial que brinde plena certeza jurídica se puede asegurar la continuidad y el crecimiento de la inversión extranjera directa en el país.
''Invitamos al gobierno de la Cuarta Transformación a considerar nuestras preocupaciones sin simulaciones, a trabajar juntos en un diálogo constructivo y a garantizar que el sistema judicial mexicano siga siendo un aliado confiable para los inversionistas, lo cual será clave para mantener el impulso del nearshoring y asegurar un futuro de prosperidad compartida'', expuso.
-Con información de la agencia Reuters.
