Salazar aseguró que a largo de sus tres años como embajador, Estados Unidos ha respetado la soberanía de México en reconocimiento a todo lo que se puede lograr a través de una asociación entre iguales.
Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política, destacó el funcionario.
''He tenido el honor de ser el embajador de los Estados Unidos los últimos tres años y, junto con el presidente Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos logrado avances históricos para los pueblos de Estados Unidos y de México, teniendo como base nuestros principios de mutuo respeto y socios'' , expuso ante medios de comunicación.
El funcionario agregó que con el T-MEC, ''hemos traído prosperidad a nuestro continente y nos hemos convertido en los mayores socios comerciales en la historia del mundo''.
''Comprendemos la importancia de la lucha de México contra la corrupción judicial. Sin embargo, la elección directa y política de jueces, en mi punto de vista, no resolverá dicha corrupción judicial ni tampoco fortalecerá al Poder Judicial'', dijo.
''También debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte y crearía turbulencia, ya que el debate sobre la elección directa continuará durante los próximos años'', explicó.
''Un Poder Judicial fortalecido en México debe contar con jueces capaces de gestionar litigios complejos para las extradiciones, disputas comerciales y otras cuestiones. Sin embargo, la propuesta, tal como está, elimina los requisitos necesarios de tener a los jueces más calificados, incluyendo la reducción de los años de experiencia necesarios para servir en todos los niveles del Poder Judicial'', concluyó.
El paro judicial
Jueces y magistrados se unieron el miércoles a trabajadores del Poder Judicial mexicano en un paro indefinido de labores contra una reforma al sector impulsada por el mandatario, Andrés Manuel López Obrador, mientras los mercados reaccionaron negativamente a la polémica iniciativa catalogándola como "preocupante".
A primera hora del lunes, miles de trabajadores del Poder Judicial de México iniciaron una huelga asegurando que la reforma atenta contra sus derechos porque se eliminaría la carrera judicial para acceder a los cargos de juzgadores y que abre la posibilidad a que grupos de poder, incluso ilegales, copen el sistema de justicia con la elección popular de jueces.
"Nos encaminamos hacia una crisis constitucional sin precedentes, una crisis que, de no ser detenida, dejará cicatrices profundas en nuestro tejido social", dijo Juana Fuentes, presidenta del gremio que agrupa a magistrados y jueces, la madrugada del miércoles.
"Por estas razones, hemos decidido (...) la suspensión de labores jurisdiccionales de manera indefinida en todo el país, a partir de este 21 de agosto (miércoles), como un acto legítimo de resistencia contra esta reforma y hasta que esta sea desechada", agregó.
Los trabajadores acordaron que sólo atenderán los casos urgentes en materia penal donde se deba otorgar libertad y esté en riesgo la vida de las personas.
El punto más álgido de la iniciativa presentada por López Obrador a principios de año propone la elección de poco más de 7,000 ministros, magistrados y jueces por voto popular. Los ministros de la suprema corte se votarían en junio de 2025.
En un intento por poner paños fríos a las reacciones de los mercados financieros, el oficialismo propuso más de 100 rectificaciones a la reforma. Sin embargo, analistas concuerdan en que los cambios principales -gradualidad y escalonamiento- no modifican la esencia de la iniciativa original.
López Obrador argumenta que es necesaria una transformación al sistema de justicia porque "no está al servicio del pueblo" y "responde a intereses de la delincuencia organizada". La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha defendido la propuesta asegurando que el cambio se requiere para combatir la impunidad.
"Yo respeto su derecho a manifestarse, son libres", dijo el miércoles el mandatario, conocido por su acrónimo AMLO.
"No pasa nada con su movimiento, no importa, porque ellos no atienden a la población, yo les diría que, al contrario, si los jueces no están, los ministros, los magistrados no están en activo, cuando menos no van a sacar a delincuentes de la cárcel", agregó en su conferencia de prensa matutina.
La propuesta de AMLO ha generado preocupación entre inversionistas, quienes aseguran que debilitaría a uno de los contrapesos del Poder Ejecutivo, dañando el clima de negocios en la segunda mayor economía de América Latina, además de incumplir compromisos del acuerdo comercial de Norteamérica, TMEC.
"El mercado ha comenzado a reaccionar a la probable aprobación de la reforma al Poder Judicial que permitiría la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular, poniendo en riesgo la certeza jurídica para las empresas", dijo Banco Base en una nota a clientes.
-Con información de Reuters.
