Las bancadas de todos los partidos aprobaron en comisiones, por unanimidad de 35 votos, incluir en la Constitución la entrega de pensiones no contributivas y programas como el de Sembrando Vida y precios de garantía.
La reforma fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y fue modificada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para incluir como corresponsables en la entrega de las pensiones no contributivas a las entidades, y no sólo a la Federación.
De acuerdo con lo aprobado, se modificarían los artículos cuarto y 27 de la Constitución en materia de bienestar para agregar la pensión para adultos mayores a partir de los 65 años -lo que ya se aplica-, pensión para personas con alguna discapacidad permanente hasta los 65 años y a partir de esa edad recibirán pensión para adultos mayores; además se estableció que debe otorgarse apoyo directo a campesinos que siembran árboles maderables y a pescadores de pequeña escala.
Se estableció también que el Estado “garantizará la rehabilitación” de las personas que viven con discapacidad permanente y que “tienen prioridad las personas menores de dieciocho años de edad, en los términos que fije la ley”.
El monto de los recursos asignados no podrán ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal anterior, se acordó.
En artículos transitorios el dictamen ordena emitir, en 180 días las leyes respectivas.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, estimó que para el dar apoyos directos y rehabilitación a las personas con discapacidad permanente se requerirán 71, 268 millones de pesos, estimación que respaldó la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Sin embargo la comisión dictaminadora desestimó los cálculos y estableció que “ estima como preferente atender a los intereses de los beneficiarios de los apoyos sociales, por razones de justicia, solidaridad y responsabilidad social”.
En el debate dominaron argumentos sobre la transparencia en la aplicación de los recursos para programas sociales. Así el diputado del partido acción nacional, Héctor Saúl Téllez, recordó que la auditoría superior de la Federación observado precisamente esos tres programas sociales por el monto de más de 4000 millones de pesos cuyo ejercicio aún está en duda por pagos dobles, opacidad y padrones poco confiables.
El también panista Jorge Triana criticó que las políticas públicas no van en la Constitución y presentó una reserva para incluir que los programas deben tener “criterios de transparencia, auditoría, evaluación constante, que sean periódicamente revisables”.
Además acusó que el Programa Sembrando Vida ha sido señalado como el principal causante de
deforestación, favoritismo a empresas como Chocolates Rocio y hay programas cuyo costo se dispara 200% más en costos de operación por el pago de 23,000 servidores de la nación que pueden ser usados como ejército electoral.
Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de Movimiento Ciudadano, propuso que el programa Sembrando vida tenga limitaciones de polígonos y que ningún programa afecte el medio ambiente.
Pero ninguna reserva opositora prosperó.
