Trabajadores y mandos del Poder Judicial, jueces y magistrados se movilizaron en las afueras del edificio sede del Poder Judicial de la Federación, para repudiar la reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su posicionamiento denunciaron que la amenaza de cesarlos busca como fin acabar con la independencia del Poder Judicial de la Federación.
“Lo que realmente se pretende es destruir a la única institución pública que ha frenado la instauración del poder político absoluto”, expusieron en pronunciamiento público.
El magistrado Mauricio Barajas Villa, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, señaló que se prepara una estrategia para frenar la eventual sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.
"La primera vía será acudir a los órganos internacionales de protección de derechos humanos e impugnar en su momento, la hoy inminente reforma constitucional en cuya pretensión principal se encuentra la captura, cooptación y sometimiento de un poder soberano de la Unión como es el judicial; se trata de contener, revertir y reconducir por cauces racionales una reforma", dijo Barajas Villa ante medios de comunicación.
"En otra acción también jurídica se delinean las estrategias para enfrentar la asignación de los diputados por representación proporcional con la pretensión de que la fuerza política dominante no alcance las dos terceras partes de cada una de las cámaras que integran el Congreso de la Unión", abundó.
En el desplegado conjunto, los trabajadores de Poder Judicial señalaron que han ''observado que los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial son una estrategia dilatoria con la finalidad de frenar la protesta de todos integrantes del Poder Judicial''.
''Durante casi seis años hemos sido víctimas de calumnias, se nos ha amenazado e intimidado mediante un continuo discurso público de agresión verbal y odio”.
Alertaron que la reforma judicial afecta a las familias de más de 54 mil trabajadores. Aseveraron que “es falso que 1700 juzgadores federales seamos corruptos, es falso que representemos élites o ideas conservadoras; la gran mayoría de las personas juzgadoras provenimos del pueblo y hemos estudiado en instituciones públicas''.
“Es falso que liberemos delincuentes. Liberamos personas cuya culpabilidad no se ha comprobado, amparamos hoy y siempre al perseguido sin pruebas, con el Derecho como fundamento. Es falso que la elección de jueces por voto popular sea la mejor manera de solucionar los problemas de justicia en México'', señalaron.
Además rechazaron que el Poder Judicial “sea la causa de los enormes problemas nacionales que representan el crimen organizado, la corrupción, el patriarcado, la violencia contra la mujer, la discriminación, el abandono del campo”.
