ASF detecta irregularidades en compra de pruebas de VIH y papel tamiz neonatal

Esta dependencia gastó el año pasado 245.2 millones de pesos en la compra de pruebas rápidas duales para la identificación de anticuerpos contra VIH y Sífilis, pero lo hizo sin que su dirección general firmara los documentos que avalan si las ofertas cumplen los requisitos necesarios.

De acuerdo con una revisión del destino del presupuesto federal ejercido en 2023, el CNEGSR también adquirió jeringas y cánulas para aspiración manual endouterina por 8.5 millones de pesos; reactivos para pruebas de VIH, hepatitis B y C, Virus del Papiloma Humano (VPH) y tuberculosis por un total de 24.8 millones de pesos.

Así como papel filtro para la toma de muestra de tamiz metabólico neonatal, por 10.5 millones de pesos, sin que la justificación de compra emitida por la dirección del Centro cuente con fecha de elaboración.

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La documentación que avala que los insumos pasaron por un proceso de evaluación técnica también carece de fecha de elaboración y en el anexo único de la convocatoria de las licitaciones no se incluyeron los cargos de los funcionarios que recibieron los insumos en 24 almacenes estatales.

Además, el proveedor retrasó la entrega de 17,250 piezas de papel para tamiz neonatal a los Servicios de Salud de Veracruz, lo que ameritó una multa de 15,900 pesos que no había aplicado la dependencia, hasta que en junio de 2024, durante la auditoría, remitió el comprobante de pago de esa pena.

La ASF encontró, además, que en el caso de las pruebas de anticuerpos de VIH y Sífilis y de los papeles para tamiz neonatal, 290,264 piezas se entregaron en direcciones diferentes a las establecidas en la convocatoria de la licitación, sin que el Centro notificara al proveedor de los cambios de domicilio.

Incluso, 131,142 piezas de jeringas para aspiración manual endouterina y de ácido fólico (compra en la que se invirtió un total de 3.1 millones de pesos), que debían llegar a los Servicios de Salud del Estado de Michoacán, se entregaron a un laboratorio privado, sin que la dependencia notificara el cambio de domicilio y con una orden de remisión que no incluye el nombre y cargo del servidor público que recibió los insumos.

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Aunque el CNEGSR informó a la ASF que cuenta con un contrato abierto con ese laboratorio privado para el almacenamiento de insumos médicos, no acreditó que hubiera notificado el cambio de dirección.

La ASF documentó también que el Centro no proporcionó documentación que compruebe el pago de 338,900 pesos a un servidor público del que no se acreditaron los años de experiencia requeridos en su perfil de puesto.