Buenrostro: el as anticorrupción de Sheinbaum que deberá tomar distancia de AMLO

Buenrostro llega a dirigir la institución fundada hace 42 años y que tiene como uno de sus encargos coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental y de sus resultados. Sin embargo, es una institución que se ha debilitado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Para Gustavo López Montiel, catedrático e investigador del Tecnológico de Monterrey, si bien algunos de los recientes nombramientos realizados por la virtual presidenta electa corresponden a personas cercanas a su equipo con las que trabajó en en el Gobierno de la Ciudad de México, como Ernestina Godoy, Jesús Esteva, Luz Elena González y Rosaura Ruiz, hay otros que son considerados como "cuota" del presidente López Obrador. Es el caso de Raquel Buenrostro.

“¿Qué refleja? la incidencia del presidente López Obrador, porque ella es una de sus mujeres fuertes. Creo que el mensaje es fundamentalmente de control”, afirma el analista.

Las expectativas que recaen en Buenrostro son altas y ella lo sabe. Minutos después de su nombramiento, destacó que una de sus principales tareas será el combate a la corrupción.

“El mismo de siempre, combatir la corrupción, tener mejores metas como gobierno, y darle lo que se pueda a la presidenta electa para que todas las secretarías alcancen sus metas”, dijo la exjefa del SAT, el pasado jueves.

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Uno de los retos que tendrá la próxima secretaria es combatir la corrupción, pero los expertos advierten, que eso deberá implicar que se investigue a cualquiera que haya incurrido en alguna falta, sin importar si son cercanos al presidente López Obrador.

Para el catedrático de la Universidad La Salle, Alejandro Martínez Serrano, este puede ser un obstáculo importante, pues considera que es complicado que Buenrostro pudiera investigar a "personajes de alto nivel", por lo cercana que es al todavía presidente.

“Dado que Raquel Buenrostro proviene del núcleo más cerrado de la administración y de toda la confianza del presidente López Obrador, se continuarán con esas estrategias de protección a los antiguos exfuncionarios. Podríamos pensar que Buenrostro tiene la 'responsabilidad de no responsabilizar' a nadie de la administración anterior a un nivel muy elevado", considera.

Buenrostro llega a una Secretaría cuyas facultades han sido propuestas ser ampliadas. En su gobierno, López Obrador planteó que la Función Pública asumiera las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (INAI), al cual considera "oneroso y poco útil" para los ciudadanos.

El 5 de febrero pasado envió una iniciativa de reforma para modificar diversos artículos de la Constitución para que el INAI transfiera sus facultades y obligaciones a la SFP.

“Por lo que respecta a la tutela del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, así como la política de transparencia, se trasladaran a la Secretaría de la Función Pública en lo que respecta a la Administración Pública Federal”, plantea la iniciativa.

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López Montiel acota que la Secretaría de la Función Pública se ha debilitado en la actual administración, por lo que nombrar a Buenrostro en una dependencia con limitadas herramientas, también sugiere posibles cambios de la próxima presidenta de México.

“Habrá que ver si este nombramiento viene acompañado de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para poder rearticular esa dependencia o rehacer los controles que tenía. Podríamos hablar de absorber las funciones del INAI, si éste desaparece, pero para que lo haga necesita mecanismos legales y no los tiene ahora”, señala en entrevista.

Para Alejandro Martínez Serrano, uno de los obstáculos que tiene la Secretaría de la Función Pública, es que es juez y parte, además de que está subordinada al Poder Ejecutivo, por lo que los casos de corrupción suelen no derivar en sanciones.

“La Secretaría de la Función Pública es juez y parte porque supervisa el desempeño de los servidores públicos, y a la vez, ellos son un servidor público, pero ¿en qué momento alguien supervisa a la Secretaría de la Función Pública? En esencia, esa función debería ejercerla una instancia que no estuviera comprometida con el gobierno…. para una verdadera tarea de revisión del desempeño de los funcionarios, tendríamos que tener una instancia que fuera completamente independiente del gobierno”, refiere.

La cercanía con AMLO

Buenrostro es una mujer cercana al todavía presidente López Obrador, a quien acompañó como subtesorera de Política Fiscal en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y como gerente de Finanzas del Servicio de Transportes Eléctricos, cuando él fue jefe de Gobierno en la capital del país.

Cuando López Obrador llegó a la Presidencia de la República, no dudó en incorporarla a su gobierno. Primero fue oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito público (SHCP), luego la titularidad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y después la asignó como titular de la Secretaría de Economía, cargo que ocupa en la actualidad.

Su desempeño al frente del SAT, donde trabajó para mejorar la recaudación, combatir la corrupción y reducir la evasión fiscal, le dio el título de “la dama de hierro” debido a que logró que grandes contribuyentes como Walmart, Femsa, IBM, entre otras, pagaran sumas importantes de impuestos que adeudaban al país.

Ante los resultados en el SAT, en junio del 2020, el medio británico Financial Times publicó un artículo en el que destacó que Buenrostro logró una recaudación histórica y la nombró la "dama de hierro", al lograr cobrar 800 millones de dólares a las grandes compañías por pagos pendientes.

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La exjefa del SAT es una de los 13 nombramientos que ha realizado la virtual presidenta electa de México y es uno de los seis del actual gobierno que repetirán en el gabinete junto a Marcelo Ebrard, Alicia Bárcena, Juan Ramón de la Fuente, Rogelio Ramírez de la O y Edna Vega Rángel.

Para el catedrático de La Salle, esa cercanía con el presidente dificultará que Buenrostro cumpla con su función.

“Existe un compromiso. Entre el presidente saliente y la presidenta entrante: ‘ella es persona de mi confianza’, no solo a nivel federal, sino también cuando tuvo el cargo como jefe de gobierno de la Ciudad de México, Raquel Buenrostro, tuvo un desempeño en la jefatura de gobierno. Entonces está siendo protegida del anterior gobierno e incorporada al nuevo gobierno”, agrega.

Polémicas de extitulares de la SFP

Desde su creación en 1982 como contraloría del gobierno federal hasta su transformación en Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2006, han pasado 15 titulares por esta dependencia encargada de vigilar la actuación de los funcionarios.

A lo largo de su historia, la SFP ha enfrentado polémicas con algunos de sus titulares. Arsenio Farell Cubillas, secretario durante el gobierno de Ernesto Zedillo, fue abogado de Carlos Salinas de Gortari e implicados en el "Pemexgate", lo que generó controversias sobre su rol.

Germán Martínez Cázares, otro titular, renunció tras menos de un año en el cargo para buscar la presidencia del Partido Acción Nacional.

Virgilio Andrade asumió la Secretaría de la Función Pública en febrero de 2015, designado por el expresidente Enrique Peña Nieto, con la tarea específica de investigar un posible conflicto de interés relacionado con "La Casa Blanca," una mansión en Lomas de Chapultepec, vinculada a Grupo Higa, empresa con grandes contratos en el gobierno federal. Las investigaciones incluyeron al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. En agosto de 2015, Andrade concluyó que no había conflicto de interés, decisión que fue ampliamente criticada, y partidos como PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano solicitaron un juicio político en su contra.

SFP descarta conflicto de interés en la compra de la Casa Blanca Virgilio Andrade dijo que la pareja presidencial y el secretario Luis Videgaray no faltaron a la ley al comprar viviendas a Grupo Higa.

Irma Eréndira Sandoval fue la primera Secretaria de la Función Pública del presidente Andrés Manuel López Obrador, ocupando el cargo de 2018 a 2021. Durante su gestión, investigó varios casos polémicos derivados de reportajes periodísticos que involucraban a funcionarios del gobierno federal, entre ellos, la presunta adquisición de propiedades por Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, sin resultados concretos. Su salida se atribuye a una presunta intervención en el proceso interno del partido Morena, al apoyar a su hermano, Amílcar Sandoval, en la candidatura a gobernador de Guerrero y oponerse a Félix Salgado Macedonio.

El actual secretario es Roberto Salcedo Aquino, a quien algunos califican de encabezar una administración gris. En su comparecencia ante las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, se le reclamó por casos de corrupción en Segalmex, en la Conade, en megaobras y por licitaciones opacas.