Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, un proyecto prioritario para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, reportaron irregularidades durante 2022, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La revisión a la Cuenta Pública 2022 reveló que el Organismo Coordinador de las Universidades no cumplió con disposiciones legales y normativas que derivan en un monto por aclarar de 66.9 millones de pesos por distintas irregulares.
La auditoría realizada encontró que el organismo, a cargo de Raquel Sosa, no cuenta con controles para acreditar el ingreso y salida de los materiales y recursos públicos federales de las sedes educativas; verificación y validación de los documentos presentados por los aspirantes a fungir como personal docente y administrativo.
También se identificaron pagos improcedentes por concepto de aguinaldos y sueldos por el monto de 456,900 pesos, derivado de las sentencias definitivas de Juicio Ordinario Laboral a favor de dos personas físicas que fungieron como parte del personal docente y administrativo del Organismo Coordinador.
Asimismo pagos improcedentes por arrendamiento de oficinas por 447,100 pesos, arrendamiento de inmueble en la Ciudad de México por 1.1 mdp, y el pago a dos personas físicas por los montos de 550,200 pesos y 1.9 mdp, efectuados con recurso público federal por concepto de “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, recurso destinado para la operación del programa.
Respecto de las erogaciones realizadas por concepto “Subsidios y subvenciones”, no se presentó la totalidad de documentación justificativa y comprobatoria sobre el ejercicio del recurso público federal de 19 sedes educativas de la muestra, por un monto total por comprobar de 46 millones 110,700 pesos.
Del concepto “Ayudas Sociales”, se identificó que se ejercieron 448 millones 676,500 pesos, monto mayor al reportado en la Cuenta Pública que fue de 448 millones 523,100 pesos, lo cual difiere por la cantidad de 153,400 pesos.
Asimismo a 26 docentes y 75 administrativos se les pago el monto total de 17 millones 320,400 pesos sin haber cumplido con los requisitos de las convocatorias emitidas por el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez.
Este proyecto inició en el actual sexenio con la meta de operar 100 planteles educativos distribuidos en todo el país. Para este año, el objetivo creció a 201 sedes con 36 carreras distitnas, a las que supuestamente “personas excluidas” de educación superor puedan iniciar una carrera de tipo profesional. Para 2024, se le aprobó un presupuesto de 1,547.6 millones de pesos.
