Reforma de AMLO va por reconocer derechos de pueblos afromexicanos e indígenas

En la reforma se plantea además que estas comunidades y pueblos podrán recibir los beneficios en los que los particulares obtengan algún lucro por actos administrativos que se expidan a su favor, así como el derecho de las mujeres, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes a una vida libre de todo tipo de exclusión, discriminación y violencia, en especial de la violencia sexual y de género; y el derecho al respeto, desarrollo y establecimiento de sus sistemas normativos internos, sin que esto implique vulnerar otros derechos fundamentales.

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¿De qué va la iniciativa de reforma constitucional de AMLO?

En la reforma que el presidente López Obrador presentó, es la primera vez que se busca no solo reconocer a las comunidades indígenas del país, sino también a las comunidades afromexicanas, como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio dentro de la Constitución Política.

La reforma busca así establecer también el derecho que éstos tienen a la representación y participación política, para garantizar su acceso a la justicia, formas de gobierno, normas y procedimientos de resolución de conflictos internos, y que sus juicios y decisiones sean convalidados por las autoridades del Estado.

En la actualidad, si bien el artículo 2, apartado A, último párrafo, de la Constitución reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, solo se les da el carácter de entidades de interés público.

Pero con la reforma de López Obrador, se busca que tanto los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sean reconocidos como sujetos de derecho público, lo que representa el reconocimiento pleno de sus derechos.

También se busca el reconocimiento de sus sistemas normativos y se obliga a las instituciones jurisdiccionales a que garanticen el derecho de las personas indígenas a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género, y diversidad cultural y lingüística.

Otro de los puntos que también destaca es el derecho a la consulta libre, previa, informada, cuando se pretendan adoptar medidas legislativas y administrativas que puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o llegar a un acuerdo.

También se adiciona la obligación de que, cuando un particular, por ejemplo una empresa, se beneficie por cualquier medida administrativa sujeta a consulta, el costo debe ser cubierto por este.

De igual forma, cuando se obtenga un lucro por estas medidas, se establece que se debe otorgar a las comunidades indígenas un beneficio justo y equitativo.

Es decir, lo que ahora se busca es que pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sean consultados para obtener su consentimiento o se llegue a un acuerdo para la realización de proyectos que ameriten la actividad del Estado vía concesiones, permisos, autorizaciones o cualquier medida administrativa o legislativa, y en caso de que se otorguen a particulares con fines de lucro, reciban un beneficio y así evitar abusos en su contra.

Finalmente, la reforma también busca que se establezca en la Constitución la obligación del Estado mexicano de promover, usar, desarrollar, preservar, estudiar y difundir las lenguas indígenas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural de la Nación.

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De igual forma, se garantiza que se haga uso de sus lenguas y otros elementos culturales en medios de comunicación, telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la información, en sus pueblos y comunidades.

Se reconoce el derecho del uso de las lenguas indígenas en la construcción de los modelos educativos, con la finalidad de reconocer la composición pluricultural de la Nación.

En este sentido, se plantea incorporar el reconocimiento, a nivel constitucional, de la partería para la atención del embarazo, el parto y el puerperio, en los pueblos y comunidades indígenas.

Se garantiza y extiende la red de comunicaciones que permite la articulación de los pueblos y comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación, caminos artesanales, radiodifusión, telecomunicación e internet de banda ancha.

¿Cómo se gestó esta iniciativa de reforma?

Desde el inicio del sexenio del presidente López Obrador, el primer compromiso que asumió el 1 de diciembre de 2018 al tomar protesta como mandatario federal fue el de darle atención especial a los pueblos indígenas de México.

López Obrador aseguró desde ese entonces que era una "ignominia que los pueblos originarios vivieran desde hace siglos bajo la opresión y el racismo, con la pobreza y la marginación a cuestas”.

Por ello, según dijo, su gobierno buscaría que todos sus programas sociales tuvieran como población preferente a los pueblos indígenas de las diversas culturas del país.

Parte de este compromiso llevó también a la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con la intención de defender e implementar los derechos de las comunidades originarias, siendo designado como su director general, Adelfo Regino Montes.

Fue desde el INPI que de 2019 a 2021, el organismo descentralizado, junto con la Secretaría de Gobernación llevaron a cabo un proceso de consulta que, de acuerdo con el gobierno federal, se realizó a través de 52 foros regionales en 27 estados, así como un foro específico para el pueblo afromexicano y un foro con migrantes indígenas en Estados Unidos.

Tras esta consulta y con el respaldo de 630,986 firmas, dicha iniciativa de reforma fue entregada al presidente López Obrador en septiembre de 2021

Es así que a unos meses de concluir su gobierno, el mandatario incluyó esta iniciativa en su paquete presentado este lunes 5 de febrero.