El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la absolución del abogado Juan Collado de los cargos en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero.
"Es que ya dejaron en libertad al abogado Collado, al abogado de Salinas de Gortari, los jueces también y es diario, es una tras otra. Está podrido el poder judicial o para no decirlo tan fuerte, está secuestrado por la oligarquía, está al servicio de una minoría rapaz", lanzó el presidente.
López Obrador criticó este jueves al Poder Judicial, el cual, sostiene, sirve a intereses de particulares, a pesar de que es el pueblo de México el que le paga.
“El Poder Judicial entregado completamente a estos intereses particulares, entonces cada vez que hay una iniciativa para poner por delante el interés público y no permitir que predomine el lucro, cada vez que se busca proteger al pueblo, defender al pueblo, defender la economía popular en contra de estos ambiciosos, tienen de su parte al Poder Judicial”, comentó.
Al preguntarle si impugnarán la resolución, el presidente lo confirmó, aunque dijo que no hay que entusiasmarse debido a que la resolución recae en el mismo poder.
"La Fiscalía tiene un plazo, pero no hay que entusiasmarse mucho porque son los mismos", comentó.
Juan Collado fue liberado en septiembre de 2023, tras la orden de un juez. Desde entonces siguió su proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, pero lo hizo desde su casa con un brazalete electrónico en el tobillo.
El juez Gustavo Aquiles Villaseñor le cambió la medida cautelar al abogado por los problemas de salud que tiene.
Collado tuvo que entregar su pasaporte y presentarse de manera periódica ante autoridades. No tuvo restricción para moverse dentro de territorio mexicano y no pagó fianza, determinó el juez.
Durante mucho tiempo, medios de comunicación aseguraron que Collado llevó el divorcio de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, expareja presidencial, sin embargo el exmandatario mexicano ha negado que su amigo lo haya representado alguna vez legalmente.
El 9 de julio de 2019, Juan Collado fue detenido en un restaurante ubicado en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, luego de que se girara una orden en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los dos procesos están relacionados con las operaciones de Caja Libertad y el manejo irregular de una cuenta bancaria en Andorra. El delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva por oficio, por lo que el litigante fue enviado de inmediato al Reclusorio Norte sin derecho a libertad bajo fianza, una vez iniciado el proceso.
En 2020, la FGR le imputó un nuevo delito: defraudación fiscal equiparada por 36 millones de pesos, por el cual fue vinculado a proceso en septiembre de ese año.
También se le vinculó a proceso por el delito de peculado en agravio al estado de Chihuahua, por un monto de 13.7 millones de pesos, mediante la simulación de contratos y servicios no prestados, actos presuntamente cometidos durante la administración de César Duarte.
Desde febrero de 2020, la FGR solicitó al juez del caso declarar culpable a Juan Collado por delincuencia organizada y lavado de dinero, pidiendo una pena de 20 años de prisión al considerar que, con sus actos, "puso en peligro el sano desarrollo de la economía nacional".
El abogado no solo es investigado en México. En 2016, el gobierno de Andorra inició una indagatoria en su contra por lavado de dinero, al detectar movimientos bancarios por 76.5 millones de euros.
Entre su circulo más cercano de amigos estaba el líder petrolero Carlos Romero Deschamps y los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.
Desde hace casi dos décadas, Juan Collado ha sido representante legal de importantes figuras de la clase política del país, como Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo; Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari; Carlos Romero Deschamps; Diego Fernández de Cevallos; Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, y Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo.
Si el caso se le cae a la Fiscalía General de la República (FGR), se sumaría a una lista grande de investigaciones emblemáticas en las que la autoridad no pudo comprobar sus acusaciones.
