Sin pensiones homologadas, el futuro en México será de envejecimiento y pobreza

“Con la población creciendo y un grupo tan grande fuera de la economía formal, ¿cómo vas a financiar las pensiones para todos?”, plantea el académico Raúl Rodríguez, investigador del ITESO.

El plan el presidente se presentará a detalle el próximo 5 de febrero, cuando el Ejecutivo envíe al Congreso un nuevo paquete de reformas constitucionales, en que se incluirá una reforma al sistema de pensiones.

Lejos de los posibles usos electorales de una promesa como ésta, los entrevistados coinciden en que urge modificar el modelo de pensiones o, en los próximos años, en México habrá más personas adultas mayores en pobreza.

Actualmente, por los bajos sueldos, cuatro de cada 10 personas entre los 30 y 40 años necesitan dos empleos para hacer frente a las presiones económicas y han pospuesto grandes decisiones de vida, como formar una familia, según ha documentado la consultora Deloitte a través de una encuesta aplicada en 2023 a 14,000 jóvenes de la generación Z y a 8,000 millennials de 44 países.

Este sondeo revela, además, que seis de cada 10 personas en los veintes y treintas consideran imposible comprar una casa. Tampoco sueñan con tener una pensión digna cuando envejezcan.

La complejidad del modelo mexicano

En el país existen cientos de sistemas de pensiones y todos funcionan de diferente manera u otorgan beneficios diferentes.

Los más conocidos son los del IMSS y el ISSSTE, instituciones que reciben las cotizaciones de los empleados formales y de los funcionarios públicos. Pero también están los sistemas de pensiones de las universidades públicas, los gobiernos municipales y estatales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pemex, Poder Judicial y los de las Fuerzas Armadas.

Cada uno de estos modelos de pensiones tiene reglas distintas. Incluso, una misma persona puede tener dos pensiones mientras que otras no acceden a ninguna.

Además, el 55% de las personas tienen empleos informales y no ahorran para recibir una pensión contributiva, por lo que dependen de los programas sociales del gobierno federal.

Estas transferencias monetarias también enfrentan problemas para financiarse a largo plazo, debido a que la mayor parte del presupuesto público está comprometido con otras obligaciones y México recauda apenas 17% del PIB en impuestos, menos que el 30% de otros países de América Latina, como Argentina, explica el experto.

“Esto debería estar siendo discusión de diputados, de senadores, porque, entre más nos tardemos en arreglarlo, el problema va a ser cada vez peor para los mexicanos del futuro”, advierte.

México envejece

El pago de las pensiones ya es insostenible para las finanzas públicas y este problema se agudizará al ritmo en que envejece la población. Se estima que en 50 años habrá más adultos mayores de 65 años y menos jóvenes en edad productiva que aporten a la seguridad social o paguen impuestos, con lo que se financia una buena parte de las pensiones.

El cambio demográfico y el pago de pensiones también afectan la finanzas del del IMSS, la principal institución de seguridad social.

Por estas presiones financieras, el IMSS estima que podrá contar con los recursos suficientes para hacer frente a sus gastos hasta 2037, de acuerdo con su Informe Financiero de 2023. Pero, a partir de 2038 sus recursos no serán suficientes para solventar los egresos esperados y se anticipa que el Instituto registrará déficits financieros.

En 2022, el pago de las pensiones que el IMSS desembolsó para sus trabajadores directos fue 501,891 millones de pesos, equivalente al 28% de sus ingresos. El problema es que esta cifra irá en aumento.

El Seguro Social pagaría en 2025 642,411 millones de pesos en pensiones; en 2030 serían 918,795 millones de pesos y en 2052, 2,244,957 millones de pesos. Si el IMSS enfrenta presiones financieras, los servicios de salud que ofrece para la población en general también se ven comprometidos.

“Si no actuamos, México puede llegarse a convertir en un país de adultos mayores pobres y sin salud”, advierte el profesor del ITESO.

De manera general, se estima que la carga económica por el pago de las pensiones a los trabajadores formales alcance su tope máximo en 2047 y, a partir de ahí, se reduzca. Sin embargo, la demanda de pensiones pagadas a través de programas sociales seguirá creciendo y no tendrá fondo ni fin mientras no se regule el empleo de los trabajadores informales.

La única manera de garantizar el pago de las pensiones es con una reforma fiscal que garantice una recaudación mayor de impuestos, subraya el experto.

La reforma de 2020

Hace cuatro años se aprobó una reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro que estableció un aumento en las contribuciones de los patrones para las pensiones de sus trabajadores.

Las modificaciones entraron en vigor en 2021 y el incremento deberá pasar de 6.5% a 15% en 2030.

“Con estos cambios, se redujeron las semanas de cotización, antes eran 1.250 semanas, ahorita son 750. También aumentó la pensión mínima garantizada, que es la pensión que reciben las personas que cotizan, pero su ahorro no alcanza para comprar una pensión vitalicia. Entonces, ahí entra el gobierno a darles una pensión”, explica Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Antes de pensar en los cambios propuestos por López Obrador, considera, es necesario vigilar que esta reforma se cumpla, pues son cambios importantes para la mejora del sistema de pensiones.

“Primero hay que ver si eso funciona y, si no funciona, entonces tendremos que ver algunas alternativas”, menciona.

Sin embargo, también es importante que las y el aspirante presidencial incluyan el tema de las pensiones en sus agendas y plataformas políticas.

Por lo pronto, considera que lo urgente es buscar la homologación de los diferentes sistemas de pensiones o tratar de que sean lo más parecido posible.

Mientras tanto, se espera que en 2024 se gasten 2 billones de pesos del presupuesto público en pensiones, es decir, el 22% del gasto total del gobierno. Conforme crezca el número de jubilados, el gobierno se verá obligado a echar mano del dinero de otros sectores para pagar estas obligaciones.

Este problema afecta a todas las generaciones, pero, sobre todo las de los millennials y Z.

“Justamente ese es el problema, que las decisiones que están tomando ahorita, van a tener implicaciones en las pensiones a mediano y largo plazo. Los millennials y los que siguen van a estar en un esquema donde tienen que ahorrar para su pensión, pagan las pensiones de los adultos mayores y no reciben servicios de calidad”, detalla.