Poderes Ejecutivo y Judicial, un año de encontronazos y falta de diálogo

“La adversidad no nos detiene. La impartición de justicia no se detiene, la impartición de justicia es y será siempre independiente e imparcial”, resaltó la juzgadora ante los plenos de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), jueces y magistrados.

Sin embargo, pese a los desplantes del Ejecutivo Federal, y ante los momentos que dijo, enfrenta el país, la juzgadora convocó a “sacar” lo mejor de cada uno y a dejar atrás la obstinación, para dar paso al diálogo.

“Estos momentos de cambio exigen que saquemos lo mejor de nosotros mismos. No por medio de la obstinación, sino del diálogo. No por medio del sectarismo, sino de la inclusión. No por medio de las palabras, sino de los hechos. No por medio del protagonismo, sino de una participación activa y, sobre todo, colaborativa”, anotó.

Aclaró que en la función jurisdiccional no se buscan aplausos, pues su labor es honrar y preservar la justicia e independencia judicial con firmeza y absoluta lealtad a la Constitución.

Reconoció que el Alto Tribunal no está exento de fallas y dio la bienvenida a la crítica pues ésta, anotó, ayuda a sensibilizar, corregir y mejorar la labor del Poder Judicial e incluso, convocó a incentivar la autocrítica con humildad, altura de miras y con la mayor responsabilidad, conscientes de que no se puede fallar a las personas que acuden en busca de justicia

"Somos conscientes que como institución pública no estamos exentos de fallas, no reconocerlo sería un error, no reconocerlo sería incompatible con la obligación de rendir cuentas, propia de un Estado constitucional y democrático de derecho, no reconocerlo sería negar el necesario progreso y evolución de las instituciones y de quienes las integramos”, recalcó la ministra.

Durante su mensaje enumeró algunas de las sentencias emblemáticas de la Corte durante el periodo de labores comprendido del 1 de diciembre de 2022 al 30 de noviembre de 2023, lapso en los que el Pleno y las dos Salas resolvieron en conjunto 3,456 asuntos en materia de salud, educación, medio ambiente sano, seguridad social, acceso a la información, libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión.

“Plan B”

El llamado “Plan B”, es –a decir de la ministra Norma Piña– uno de los asuntos más relevantes que el Pleno de Corte resolvió durante el periodo en cuestión, pues al invalidar dos decretos que reformaron leyes en esa materia política-electoral, los comicios federales en marcha se realizan con las leyes electorales anteriores.

“El Pleno invalidó ambos decretos porque la mayoría del Congreso de la Unión incurrió en violaciones al procedimiento legislativo. A través de esta resolución, la Corte contribuye a la protección de la Constitución, la legalidad, el respeto a los derechos fundamentales y, principalmente y de forma relevante, al principio de deliberación democrática”, argumentó.

Dijo que este criterio no es nuevo, pues desde hace más de 15 años, y en más de 30 ocasiones, la Corte ha sostenido que el respeto a las formalidades del proceso legislativo es esencial para que el régimen sea verdaderamente democrático.

“Las fuerzas políticas van cambiando, así es, van cambiando con el paso del tiempo, las minorías pasan a ser mayorías y viceversa, pero este criterio de la Corte ha permanecido constante por más de una de década”, indicó Piña.

Guardia Nacional

En su Informe, la titular de la Corten se refirió a la declaratoria de invalidez del decreto que ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Y es que el artículo 21 constitucional ordena expresamente que dicha corporación sea civil y que su adscripción corresponda a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La oposición había acusado que el paso de la GN a la Sedena significaba la “militarización” del país.

La Corte aclaró que esa decisión no implica que integrantes de Fuerzas Armadas dejen de participar en labores de seguridad pública, pero dijo que se otorgó un periodo de transición de ocho meses (que concluye en enero del 2024), para permitir a las instituciones involucradas determinar la asignación de recursos financieros y administrativos, así como el control administrativo de la GN.

INAI

Otro asunto al que la ministra hizo énfasis fue sobre la decisión de la Corte de permitir al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que pueda sesionar con cuatro de sus siete comisionados.

“Al determinar que el Senado de la República fue omiso en designar a las personas comisionadas para cubrir las vacantes del Pleno del Instituto, la Corte ordenó que dichos nombramientos se materialicen en el actual periodo ordinario de sesiones (el plazo vence este 15 de diciembre)”, indicó.

Obras emblemáticas como interés Público

El Tribunal Pleno, también invalidó el Acuerdo mediante el cual el Poder Ejecutivo Federal emitió la declaratoria de interés público y seguridad nacional de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México.

Ello, en atención al derecho de acceso a la información, rendición de cuentas y transparencia que rige todas las acciones gubernamentales de conformidad con nuestro texto constitucional.

Mediante el llamado “decretazo”, el Gobierno del presidente López Obrador “blindaba” toda la información relativa a obras y proyectos como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), la Refinería de Dos Bocas y el Corredor Transístmico, entre otras.

Fideicomisos

Para Norma Piña la Corte, sus Fideicomisos y el Fondo JURICA obtuvieron el 100% en el Índice Global de Cumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los lineamientos aplicables, como resultado de la verificación vinculante 2022-2023 realizada por el INAI.

Por eso los defendió en su reporte, aunque no ahondó en específico sobre la decisión de una juez federal frenó la reforma que extingue 13 fideicomisos del Poder Judicial al otorgar una suspensión definitiva al recurso que presentó Gilberto González Pimentel, secretario general del sindicato de trabajadores del PJF.

“Sepan las y los trabajadores del PJF, que sus derechos laborales, igual que los de todos los mexicanos y mexicanas, serán garantizados en términos de orden legal y constitucional que los ampara”, comentó en un tema que ha traído serias críticas del Ejecutivo federal a los ministros por lo destinar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos a los damnificados del Huracán Otis, en Acapulco, Guerrero.