Anteriormente, la Declaratoria de Desastre Natural se activaba para que la Secretaría de Gobernación (Segob) entregara recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) a los gobiernos locales afectados por un fenómeno natural.
Este dinero se destinaba a la reconstrucción de infraestructura y al restablecimiento de los servicios públicos. Pero el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó en 2020 la eliminación del fideicomiso con el argumento de que operaba con opacidad y corrupción.
Ahora, la actual Declaratoria de Desastre Natural se expide para acceder a un Apoyo Parcial Inmediato (API) a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Este apoyo proviene del Ramo General 23 (una bolsa de dinero para cubrir obligaciones del gobierno federal). Se trata de un programa presupuestario para responder a los desastres naturales, según establecen los Lineamientos de Operación Específicos para atender los daños desencadenados por fenómenos naturales perturbadores, publicados en agosto de 2021.
Ayer, el gobierno federal anunció una inversión de 61,313 millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez, dos de los municipios más afectados por el huracán Otis.