En los artículos transitorios se específica también que los gastos que implique la extinción de los fideicomisos correrán a cargo de los mismos.
En tanto que los recursos serán concentrados por la Tesorería de la Federación y se destinarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a su vez se dirijan a los programas que “permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo”.
El decreto es publicado luego de que este miércoles, el Senado de la República concretó –sin modificaciones– las reformas que ordenan la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, y turnó el proyecto de decreto al Poder Ejecutivo, para su promulgación y entrada en vigor.
Ese mismo día, los senadores de oposición comenzaron a reunir firmas para promover una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma, al tiempo que, se advirtió, la desaparición de uno de los 13 fideicomisos podría ser objetado por Estados Unidos y Canadá, los socios mexicanos en el T-MEC, y otros más podrían motivar observaciones de organismos internacionales.