Los integrantes del colectivo "Todos somos Jorge y Javier" explicaron que los militares pueden apelar la sentencia, por lo que pidieron a la sociedad dar su apoyo para que se confirme la resolución del juez Reynoso Castillo, dictada el pasado trece de octubre.
Esta es la primera sentencia que se dicta en torno al caso de ejecución extrajudicial de Jorge y Javier, y marcha un hito histórico en el país, sentando un precedente para la resolución de otros casos de ejecución extrajudicial en México,.
"El sistema de justicia mexicano ha sentenciando a cinco elementos del ejército como culpables del asesinato de Jorge y Javier, dando un dictamen para la privación de su libertad por 90 años", destacó el colectivo.
"Es un triunfo que a través de instituciones civiles se logre procesar violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el Ejercito. Intuimos que, confirme a sus derechos, los militares declarados culpables tratarán de apelar la sentencia. Esperamos contar con toda su solidaridad como siempre para defenderla", se lee en el comunicado emitido.
¿Qué pasó con Jorge y Javier?
Jorge Antonio tenía de 23 años y era originario de Coahuila; Javier Francisco, de 24, venía de Baja California. Ambos estudiaron Ingeniería Mecatrónica en el Tecnológico de Saltillo y, por ser estudiantes de excelencia, lograron que el Tec de Monterrey los becara para cursar estudios de posgrado.
El 19 de marzo de 2010, a las 00:38 horas, seguían en la biblioteca del Tec estudiando para los exámenes trimestrales (en época de pruebas, el lugar da servicio las 24 horas).
A las 00:40, una persecución de militares contra presuntos delincuentes había llegado a las inmediaciones del instituto, en el cruce de la avenida Eugenio Garza Sada y Luis Elizondo. Allí se desató una balacera.
Para las 00:45, Jorge y Javier dejaban las instalaciones del Tec para dirigirse a la casa de estudiantes donde se alojaban. Pero minutos después, sus cuerpos quedaron tendidos sobre el suelo y, a decir del gobierno, en lugar de mochilas y credenciales de identificación, "portaban" armas de grueso calibre.
Tanto el gobierno de Nuevo León, entonces a cargo del priista Rodrigo Medina, como las fuerzas federales afirmaron que se trataba de dos sicarios "armados hasta los dientes", a quienes el Ejército había logrado abatir.
Cuando las propias autoridades del Tec confirmaron la identidad de Jorge y Javier, las autoridades optaron por decir que los jóvenes eran víctimas colaterales y que habían quedado en medio del fuego cruzado.
En agosto de ese mismo año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que los uniformados que participaron en el operativo no solo manipularon la escena, sino que los asesinaron: seguían vivos y fueron rematados a corta distancia por los mismos militares.
"No portaban armas ni viajaban en la camioneta que agredió a los elementos militares ni eran miembros de la delincuencia organizada", dice la recomendación 45/2010 de la CNDH.
"Ambas víctimas presentan lesiones en el rostro que no corresponden a una caída, pues no se describen lesiones en regiones anatómicas salientes del cuerpo, lo que orienta a concluir que estas fueron producidas por traumatismo directo".
El primer joven en caer herido esa noche fue Javier. Al verlo, Jorge regresó a su lado y fue cuando le dispararon. En ese momento, apenas comenzaba la balacera.
Es así que a 13 años de estos hechos, cinco de los militares implicados en el caso están en prisión y ya fueron sentenciados, mientras que un sexto se encuentra en calidad de desaparecido y se sospecha que ya murió.
