El bajo gasto sanitario impide que México amplíe su infraestructura médica, por lo que registra una menor disponibilidad de camas hospitalarias, escasez de médicos y fármacos, apunta.
Entre 2018 y 2023, el IMSS y el ISSSTE registraron una caída de entre 6.6% y 4.6% en el nivel de surtimiento de recetas, según el informe. De cada 100 personas con alguna necesidad médica, 85 reciben atención, pero solo la mitad en una institución pública y una de cada tres personas en servicios privados.
Por ello, el gasto en salud de los hogares se ha incrementado. En 2018, expone el informe, 18.5 millones de hogares (54% del total) realizaron un gasto de bolsillo en salud y la cifra aumentó a 24.3 millones (65%) en 2022. “Ante las carencias del sector público, la población recurre a los servicios privados, donde destacan los abusos en cobros. De acuerdo con la Profeco, de 2018 a 2021 se registraron 2,218 quejas relacionadas con hospitales o clínicas, un incremento de 51% en tres años”, se explica en el análisis.
Además, en 2018, una de cada cinco personas en pobreza no tenía acceso a la salud y para 2022 son tres de cada cinco personas. De la población en pobreza extrema, 26% no tenía acceso a salud y ahora es el 82%.
Otro problema es que la detección de nuevos casos de enfermedades, como la infecciones intestinales y respiratorias agudas, tuvo una caída del 40% y 34%, respectivamente. También se ha registrado una caída en la cobertura de vacunación, con 46% de los niños de un año con esquema completo.
“El sistema de salud en México arrastra enfermedades crónicas desde hace años; los remedios no han funcionado y ahora está más grave. Necesita reanimación integral para garantizar uno de los derechos fundamentales y universales de toda persona: el acceso a servicios de salud eficientes, de calidad y sin depender de la condición económica de cada persona”, asegura Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Para atender estos rezagos, la organización propone homologar los procesos y protocolos de atención interinstitucionales; crear un plan de incremento presupuestal; transparentar la asignación y ejercicio de los recursos para concluir obras y equipar las unidades médicas inconclusas; aprobar la reforma legislativa para transparentar y regular los costos de los servicios privados y establecer mecanismos de defensa de usuarios ante abusos.
