Oposición en San Lázaro alista cierre de filas en defensa del Poder Judicial

La Cámara de Diputados aprobó para 2023, un presupuesto de 77,544 millones de pesos para el Poder Judicial, cuya partida se divide en tres: La Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (PJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Para 2024, el Proyecto de Presupuesto se contempla una asignación de 84,792 millones de pesos, de los cuales, 6,109 millones pesos son para la Corte; 74,793 millones, para el Consejo de la Judicatura y 3,890 millones de pesos para el Tribunal Electoral.

Dicho monto representa un incremento de apenas 9.3%, pero Morena en San Lázaro prepara las tijeras y a través de la iniciativa presentada por el diputado Ignacio Mier, coordinador de ese partido, busca la eliminación de los 13 fideicomisos permitiría “recuperar” entre 15,000 y 25,000 millones de pesos.

Para el diputado panista Héctor Téllez, el “tijeretazo” al Poder Judicial que pretende Morena es contradictorio porque no se está tomando en cuenta que se necesitan mayores recursos para poner en marcha el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Al respecto, el coordinador de la bancada albiazul en San Lázaro, Jorge Romero, hace mancuerna con Téllez y advierte que su partido defenderá al Poder Judicial ante cualquier “embate”.

A estos señalamientos se suma el coordinador parlamentario de PRI, Rubén Moreira, al resaltar que el bloque opositor nunca apostará por debilitar al Poder Judicial, sino por la aprobación de un presupuesto con los montos solicitados.

Refiere que tan solo la justicia de los estados requiere hoy al menos unos 40 mil millones de pesos, para instrumentar el sistema de justicia oral civil, como lo establece el nuevo Código Nacional.

El exgobernador de Coahuila sentencia que el debilitamiento de la Corte llevaría al país a la ruta “de romper el régimen democrático, de desbalancear a los Poderes. Por eso es importante defender al Poder Judicial”.

Morena presenta iniciativa

La iniciativa presentada por el diputado morenista Ignacio Mier busca reformar el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en Materia de Fideicomisos.

Con tales modificaciones, el texto quedaría de la siguiente manera:

“Dentro del Poder Judicial de la Federación no podrán existir otros fondos y fideicomisos de los que expresamente prevea la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Los órganos del Poder Judicial de la Federación que funjan como fideicomitentes deberán coordinarse con las instituciones que funjan como fiduciarias para llevar a cabo los actos procesos necesarios para extinguir los fideicomisos que no se ajusten a lo que se establece en el párrafo anterior.

“Ni siquiera el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia tiene movimientos, cuando hay muchísimas necesidades para consolidar efectivamente la eficacia del Poder Judicial”, refiere el líder de la bancada.

PAN en defensa del Poder Judicial

“Nosotros manifestamos que daremos una férrea defensa del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electora, del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF)”, dijo a Expansión Política el legislador Téllez Hernández.

Aclara que la defensa incluye juzgados de distrito, magistraturas de salas regionales, “todas estás más de 1,500 unidades que dependen del presupuesto”.

La mayoría de los fideicomisos que pretende desaparecer Morena, dijo, aseguran prestaciones laborales para el retiro de miles de trabajadores, de tal suerte que revisarán minuciosamente la iniciativa.

“No permitiremos que Morena, por una vendetta política, quiera llevar a cabo un recorte agresivo que prácticamente ponga en inoperancia al Poder Judicial de la Federación y transgreda los derechos laborales de sus trabajadores”, sentencia el legislador egresado de la UNAM.

La misma posición expresa Jorge Romero, quien asegura que su partido defenderá al PJF ante cualquier embate que pueda darse y enumera los “frentes” por donde podría darse el recorte:

A través de la iniciativa anunciada por el líder de la bancada de Morena en la Cámara Baja, Ignacio Mier Velasco mediante la cual busca extinguir sus fideicomisos, lo que derivaría en un recorte a su presupuesto para el 2024, así como una reforma constitucional para que sea el pueblo quien elija a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“En mi papel de coordinador, lo dejo muy claro: el PAN siempre va a defender a las instituciones de este país, particularmente si son otro poder en este país”, dijo en entrevista

Resaltó que, como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, buscará los consensos en beneficio del país, pero insistió que el blanquiazul “jamás apoyará”, una reforma que afecte al Poder Judicial.

El dirigente panosta Marko Cortés, respaldó la idea de modificar el Presupuesto y adelantó que Xóchitl Gálvez, responsable del Frente Amplio por México (FAM), será quien lleve el liderazgo de esa nueva batalla en el Congreso.

Morena justifica el recorte

A su vez, el coordinador parlamentario Mier Velazco argumenta la falta de transparencia en el uso de los más de 21 mil millones de pesos que tiene el PJ en fideicomisos, así como en los intereses que ha obtenido a lo largo de los años.

Esto es, acota, ninguno de los seis fideicomisos de la Corte está previstos en la Ley Orgánica, al ejemplificar que tan solo el gasto programado para el próximo año, alcanzaría para pagar el sueldo de 68 mil 500 maestros de primaria, por un año o bien, 74,969 sueldos de policías durante un año.

Establece que el objetivo de la iniciativa es consolidar un Poder Judicial independiente, imparcial, eficaz, auditable y austero:

“Lo que queremos es garantizar la rendición de cuentas y la austeridad, para que los cinco componentes fundamentales en este recambio, refundación, para el Poder Judicial, se concrete”, demanda.

El legislador insiste en que la iniciativa pretende reformar el artículo cuarto transitorio del decreto que expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual establece que solo uno de los 14 fideicomisos, que es el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, está previsto, por lo que el resto tendría que devolverse a la Tesorería.

Y es que destaca que ninguno de los seis fideicomisos de la Corte está previstos en la mencionada Ley y ascienden a 6,100 millones de pesos, cifra que supera el presupuesto que le fue autorizado para este año por la Cámara de Diputados, de 5, 630 millones de pesos, indica.

Recursos etiquetados

De acuerdo con cifras reportadas por Morena en San Lázaro, de los 6,100 millones de pesos, cerca de 790 millones de pesos están etiquetados para las pensiones complementarias de mandos superiores, esto es, para quienes se retiren de los cargos de Magistrado de Circuito o Juez de Distrito.

Además, en materia de pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo se destinan más de 2,815 millones de pesos. Mientras que el plan de prestaciones médicas cuenta con un monto superior a los 137 millones de pesos.

Y en lo que toca al manejo del producto de la venta de publicaciones CD’s y otros proyectos se suman 357,000,000 de pesos, en tanto que la partida de remanentes presupuestales cuenta con 1, 311 millones de pesos y, el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (FONDO JURICA) cuantifica 688 millones de pesos.

¿Qué implicaría un recorte al PJF?

En el país hay 877 órganos jurisdiccionales, de los cuales 430 son juzgados y 395 tribunales. Con el recorte que impulsa Morena desaparecerían 270 juzgados y 272 tribunales.

Según un análisis elaborado por el PJF, el recorte de entre 15 y 25 mil millones de pesos al su presupuesto total implicaría:

- Una reducción superior al 32% del presupuesto de 2023, colocando al PJF en el escenario presupuestal de 2015.

- Se perderían ocho años de avances en las capacidades institucionales.

- Desaparecería el 63% de los Juzgados de Distrito y el 69% de los Tribunales Colegiados de Circuito.

- Se perdería el 35% de la capacidad laboral del PJF.

- Se pondría en riesgo la atención de más de 3,541,000 asuntos, que implican la defensa de la dignidad de las personas, de su patrimonio, familia, trabajo y desarrollo. Así como de los límites al ejercicio abusivo del poder público y de las garantías para la vigencia del Estado democrático de Derecho.

- Se pondría en riesgo la integridad de las personas usuarias y del personal judicial, al reducir gravemente las capacidades para su protección y la de los inmuebles donde se imparte la justicia federal.

- Habría una severa reducción en las funciones de representación y asesoría jurídica gratuita, afectando en promedio a 76 mil personas que se ven beneficiadas por los servicios del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP).

- Desaparecerían mecanismos de profesionalización del PJF, para asegurar una impartición de justicia de mayor calidad.

- Se incumplirían compromisos en materia de justicia laboral que implican la creación de 22 Tribunales Laborales y la capacitación de sus integrantes.