El Poder Judicial de la Federación (PJF) solicitó a la Cámara de Diputados un aumento real de 4% para el presupuesto del ejercicio fiscal 2024.
Al emitir un mensaje durante una sesión solemne, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, afirmó que el incremento se basa en la inflación actual, considera las funciones a realizar el próximo año e incluye "medidas de racionalización y austeridad".
La ministra presidenta no difundió la cifra exacta que piden de presupuesto. Sin embargo, en 2023 el PJF recibió 77,544 millones de pesos, por lo que para 2024 requeriría un aproximado de 85,000 millones de pesos.
Ante la propuesta de diputados de Morena de recortar 25,000 millones de pesos al PJF en 2024, Norma Piña advirtió que la consecuencia de esa "asfixia" sería afectar el acceso a la justicia para las personas más vulnerables.
"Lamentablemente, la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al PJF es colocar inmediatamente a los más vulnerables en una condición de aun mayor desventaja para acceder a sus derechos", sostuvo.
En sesión solemne de la #LaCorte, @CJF_Mx y @TEPJF_informa, la ministra presidenta destacó que en el proyecto de presupuesto se encuentra una justificación legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados. https://t.co/Y2xYpqA5SD pic.twitter.com/QHqWAJIZPt
— Suprema Corte (@SCJN) August 28, 2023
Durante la sesión solemne, realizada en conjunto con los plenos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Norma Piña subrayó que el gobierno federal debe asignar recursos suficientes y adecuados al Poder Judicial para garantizar su autonomía e independencia y el efectivo acceso a la justicia
“Para que el derecho a la justicia sea efectivo, es indispensable que el Estado destine montos adecuados de los recursos que recauda”, mencionó.
Señaló que entre 2018 y 2023 disminuyó el presupuesto del PJF 15.4% en términos reales.
Expuso que el Tribunal Electoral requiere un aumento presupuestal porque en 2024 donde se renovarán más de 20 mil puestos públicos. Mientras que el Consejo de la Judicatura Federal deberá resolver 1.3 millones de casos nuevos y crear 45 órganos jurisdiccionales más para la implementación del nuevo modelo de justicia laboral.
“El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable”, subrayó.
Advirtió que el debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal no implica una política de austeridad, sino el rompimiento del estado de Derecho.
"Para que el derecho a la justicia sea efectivo, es indispensable que el Estado destine montos adecuados de los recursos que recauda. En este sentido, proteger el acceso a la justicia de las y los mexicanos no solo le corresponde al Poder Judicial Federal, sino también directamente al Poder Legislativo, que debe asignar los recursos suficientes", demandó.
Después del mensaje de la ministra presidenta de la SCJN, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, criticó la sesión solemne que realizó el Poder Judicial para solicitar el incremento presupuestal.
Anunció, además, que la Cámara de Diputados citará a la ministra Norma Piña para que explique su presupuesto y el "dispendio a la que suelen incurrir cotidianamente a costa del pueblo de México los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", lanzó.
"Parecería que la intención de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es mandarnos a decir a todos los mexicanos y a los legisladores que, si no se les autorizan los miles de millones de pesos que ellos solicitan, no habrá justicia en México. Es una afrenta para el pueblo de México y sus representantes populares", señaló en una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.
Cuestionó, además, que el PJF hiciera este llamado en pleno proceso electoral y preguntó qué mensaje envía al Poder Legislativo, si se trata de un aviso de fallar los juicios en contra de los legisladores.
El diputado morenista afirmó que la petición de la Corte no respeta los tiempos legales ni las formas. Explicó que todavía no ha iniciado el periodo ordinario de sesiones del Congreso ni el análisis del paquete presupuestal de 2024.
"Sobre todo, no son las formas, pues algo que se hace mediante oficios y sesiones de debate público y transparente lo han vuelto un proceso de señales mafiosas", aseguró.
