La CNDH investigó los hechos y concluyó que los cinco civiles fueron privados de su libertad, sometidos y posteriormente fueron víctimas de una ejecución extrajudicial.
La Comisión emitió la recomendación 119VG/2023, en la que concluyó que los militares hicieron uso legítimo de armas de fuego y privaron arbitrariamente de la vida a las víctimas, mismas que “estaban esposadas y totalmente sometidas, sin un arma a su alcance cuando fueron ejecutadas”.
Según la CNDH, en las constancias contenidas en la carpeta de investigación se constató además que “los elementos militares que presenciaron los hechos manifestaron ante el ministerio público militar que las cinco víctimas habían sido desarmadas, inspeccionadas y sometidas, por lo que no representaban un peligro para los elementos militares”.
Por ello es posible determinar –indicó la Comisión- que las víctimas no contaban con armas de fuego o alguna otra arma que pudieran usar en contra de los elementos de la Sedena.
Se concluyó también que el personal de la FGR dictaminó falsamente que la mecánica de las heridas de todas las víctimas correspondía a la versión de que estos dispararon armas de fuego.
En la recomendación dirigida a la Sedena, la CNDH determinó que sí se observó la presencia de plomo en las muestras recabadas de las manos de dos de los hombres ultimados, pero ese resultado fue negativo para los otros tres, quienes no habrían disparado.
