Los contratos 'bajo la lupa'
En las denuncias y señalamientos, que se han hecho en contra de Xóchitl Gálvez y sus empresas, ponen bajo la lupa los contratos que High Tech Services y OMEI firmado.
De acuerdo con la información que el presidente dio conocer, de 2015 a 2018 las empresas de Xóchitl Gálvez acumulan contratos por 1,400 millones de pesos con empresas privadas.
La empresa High Tech –según el reporte presentado en la mañanera– ha obtenido ingresos por 28 millones 168, 853 pesos; Operación y Mantenimiento por 49 millones 259, 694 pesos. En total, ambas empresas tuvieron ingresos del sector público por 77 millones 428, 547 pesos.
De acuerdo con la denuncia de Manuel Robles, al revisar las declaraciones patrimoniales de la senadora, solo ha reconocido menos de 600,000 pesos en tres cuentas bancarias; además, señala, en todas omite declarar ser accionista de High Tech Services y OMEI.
Por lo que la acusó de ser la cabeza de "la mafia inmoviliaria" en la Ciudad de México y de que los contratos que ahora tiene con empresas particulares son gracias a las licencias de construcción que presuntamente dio en su paso como jefa delegacional de Miguel Hidalgo.
Víctor Hugo Romo acusó por su parte a Xóchitl Gálvez de autorizar, cuando era jefa delegacional, la construcción de desarrollos inmobiliarios a cambio de recibir contratos.
Según la denuncia de Romo, se tienen evidencias de que Xóchitl Gálvez recibió supuestos contratos por 70 millones de pesos, esto por la construcción de dos desarrollos inmobiliarios, uno llamado One Marina Park y otro Distrito Polanco, de Simetric Grupo Inmobiliario.
Según Romo, las empresas de Xóchitl Gálvez fueron contratadas por estos dos grupos inmobiliarios, luego de que ella, siendo jefa delegacional, otorgó las manifestaciones de construcción de ambos desarrollos.
Situación que –añadió– posiblemente se habría replicado en la construcción de otros desarrollos inmobiliarios como Torre Quadro, Torre Polanco y Corporativo Cervantes Saavedra.
Por ello, el morenista la acusa de posible tráfico de influencias, uso indebido de la función pública y corrupción.
Mientras tanto, Gilberto Lozano la acusa de presuntos daños al patrimonio de la Nación por presuntamente beneficiarse de su servicio público para conseguir contratos, para su empresa High Tech Services y otras de su pertenencia, lo cuales –señala– fueron asignados por el actual gobierno federal y los pasados.