Una de las órdenes de captura está dirigida al coronel Rafael Hernández Nieto, quien comandó el Batallón 41 de Infantería, ubicado en Iguala de la Independencia, Guerrero.
Omar Torres, Uri Reyes, Gustavo Rodríguez, Juan Sotelo, Santiago Muñoz, Francisco Pérez, Ramiro Manzanares, Eloy Estrada, Juan Flores, Óscar Cruz, Ezequiel Carrera, Joel Gálvez, Felipe González, Roberto de los Santos y Enrique Martínez, todos integrantes de los batallones 27 y 41 de Infantería, son los elementos de la Sedena que completan la lista de señalados por su presunta participación en la desaparición de los jóvenes.
En septiembre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la Fiscalía General de la República quiso “reventar” la investigación del caso Ayotzinapa al intentar implicar a más militares en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, pues –dijo– la intención era generar una rebelión.
“Cuando el informe (de la comisión especial para Ayotzinapa) llega a la Fiscalía, como ahí hay interpretaciones distintas, tratan, esa es mi interpretación, de dinamitar el proceso porque estaba de por medio detener al procurador y estaba de por medio detener a militares”, reveló en ese momento el mandatario mexicano.
Fue en agosto de 2022 cuando la Fiscalía General de la República (FGR) notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que se habían girado 20 órdenes de aprehensión en contra de militares pertenecientes a los batallones 27 y 41 de infantería, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
Esas 20 órdenes de aprehensión eran parte de un total de 83 que un juez autorizó contra exfuncionarios que intervinieron en los hechos en torno al caso Ayotzinapa.
En ese mismo agosto, la Fiscalía se desistió de 16 órdenes de aprehensión contra militares implicados en el caso.
