"Plan A"
En abril de 2022, el presidente presentó oficialmente su iniciativa de reforma electoral con la que según dijo, buscaría instaurar una democracia limpia y evitar más fraudes en el país.
Este dictamen se convirtió así en el "Plan A" de López Obrador a favor de una reforma constitucional en materia electoral.
La propuesta contemplaba convertir el Instituto Nacional Electoral (INE) al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, así como disminuir de 11 a siete consejeros electorales, eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias, así como desaparecer a los llamados legisladores plurinominales.
También el objetivo de dicha reforma, según se planteó, era abaratar el costo de la democracia, logrando ahorros por más de 20,000 millones, para ello también se buscaría que el INEC fuera el único organismo encargado de la organización de las elecciones, absorbiendo así las funciones de los Organismos Públicos Locales.
Entre otras cosas se planteaba:
- Cambiar el modelo para elegir legisladores.
- El voto electrónico.
- Reducir a los integrantes de Congresos locales.
- Bajar el umbral para validar la revocación de mandato
- Ampliar las excepciones para difundir propaganda gubernamental que se considere relativa a servicios públicos y aquellas de carácter informativo con relación a los procesos electorales.
Los cambios a la legislación se buscaban materializar a través del cambio de 18 artículos constitucionales y 7 transitorios.
¿Qué pasó con el "Plan A" de AMLO?
Esta primera iniciativa de reforma constitucional no alcanzó a avanzar en el Congreso de la Unión. Fue así que ante la polémica que desató y previendo que la falta de una mayoría en el Poder Legislativo para aprobarla, en noviembre de 2022, López Obrador anunció entonces que presentaría un “Plan B” ante la Cámara de Diputados.
El 6 de diciembre de 2022, el pleno de la Cámara de Diputados desechó esta primera reforma electoral de AMLO con 269 votos a favor, una abstención y 225 votos en contra
"Plan B"
Previendo que la reforma constitucional en materia electoral fuera rechazada, el 29 de noviembre de 2022, López Obrador anunció un paquete de reformas a leyes secundarias para modificar el sistema electoral, el cual, según insistió, tenía como propósitos fundamentales: disminuir el costo de las elecciones y desterrar los fraudes.
La iniciativa de reforma a las leyes secundarias en materia electoral se presentó así como una “alternativa” para realizar cambios al marco legal debido a que las y los legisladores del Congreso de la Unión decidieron aplazar la votación de la reforma constitucional previamente propuesta.
Este "Plan B" planteó así modificar estas seis leyes secundarias pero sin cambiar la Constitución:
- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).
- Ley General de Partidos Políticos.
- Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
- Ley General en Materia de Delitos Electorales.
- Ley Federal de Consulta Popular.
- Ley General de Comunicación Social.
El objetivo de dichos cambios buscaba ahorros hasta de 3,500 millones de pesos por la reducción de gastos operativos del INE esto a través de:
- La reducción del aparato administrativo del INE debido a la supresión de áreas administrativas y la duplicidad de funciones.
- La disminución del número de oficinas distritales del INE de 300 a 264.
- La salida de 84.6% del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).
- La permisividad a los servidores públicos para que realicen expresiones proselitistas en todo tiempo.
De esta forma, el 7 de diciembre de 2022, la Cámara de Diputados aprobó dicho plan pero con algunas modificaciones, por lo que tan solo dos días después de su aprobación, el 9 de diciembre de 2022, López Obrador anunció que se tendrían que hacer algunas correcciones que no correspondían a las que dicho poder envió originalmente a la Cámara de Diputados.
Por ejemplo, el Artículo 15 de la Ley General de Procesos Electorales registró un agregado que decía que para conservar el registro un partido político nacional, este debía obtener cuando menos 3% de la votación total emitida.
Sin embargo este fue cambiado para que adicionalmente u optativamente si las fuerzas políticas no obtenían 3% de la votación total emitida podrían alegar que, cuando menos en 17 elecciones locales, pudieron obtener el registro.
Otro punto que tampoco contemplaba, pero que se agregó, fue la posibilidad de que los partidos políticos pudieran disponer de sus excedentes para el siguiente año fiscal.
En el dictamen también se establecía que, cuando se formara una coalición, se podrían distribuir los votos entre los partidos políticos, lo que permitiría al menos favorecido con el respaldo ciudadano en las urnas, mantener su registro.
Finalmente, el 22 de febrero de 2023, el Senado aprobó el llamado "Plan B" de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El proyecto fue avalado con 72 votos a favor y recibió 50 en contra, sin ninguna abstención y dejando fuera la polémica cláusula de la “vida eterna”.