Además, faltan espacios para operar estos programas, permanece la estigmatización hacia las mujeres y personas gestantes que requieren una ILE y se registran retrasos en la atención, según documentó la organización.
A través de solicitudes de acceso a la información, Gire identificó que otros obstáculos que persisten en las entidades federativas son falta de capacitación, sensibilización y profesionalización del personal de salud, pues no aplica los protocolos recomendados.
En algunas clínicas solicitan a las mujeres y personas gestantes que presenten ultrasonidos o pruebas de sangre que comprueben el embarazo, cuando esto no es un requisito indispensable para brindarles el servicio.
“No hay confidencialidad; se argumenta objeción de conciencia para negar el servicio; el personal médico trata de persuadir a quienes solicitan el aborto para que cambien de opinión; suele haber personal antiderechos y, además, la difusión de los servicios es insuficiente”, apuntó Gire.
Sin medicamentos
Hasta marzo de 2022, a nivel federal y en Baja California, Baja California Sur, Colima, Oaxaca y Sinaloa se registraba escasez de mifepristona, mientras que Hidalgo y Quintana Roo reportaban no tener información al respecto.
“Esto es relevante porque, si bien puede haber procesos de aborto en los que se use únicamente el misoprostol, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda usar ambos para una mayor efectividad en el procedimiento”, explicó la organización.
