Como respuesta, el gobierno mexicano envió a Ginebra, Suiza, donde se ubica la sede de la CITES, a ocho funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y de Agricultura para intentar revocar la sanción.
Las autoridades del gobierno federal no están de acuerdo con la resolución y han expresado que México recibe un “trato inequitativo” por dos principales razones.
La primera, enumera la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Blanca Alicia Mendoza Vera, es que el país sí se ha esforzado en mejorar el plan de protección a la vaquita.
Y la segunda, que la CITES debería exigir a los países donde se trafica la totoaba que colaboren y aporten recursos económicos. “México no es el único responsable y no es el único que tiene que gastar en esto”, sostiene la procuradora en entrevista.
La extinción de la vaquita marina tiene por causa la pesca ilegal de totoaba. La vejiga de este pez se vende en miles de dólares en países asiáticos, sobre todo en China. Su demanda es alta porque ahí le atribuyen propiedades curativas. Pero en las redes agalleras usadas en la pesca de la totoaba quedan atrapadas, además, especies de vaquita marina.
Por eso la titular de la Profepa, dependencia encargada de cumplir los acuerdos con la CITES, es enfática cuando señala que China, país donde se trafica la totoaba, y Estados Unidos, país de tránsito y comercialización, afirma, deben cooperar con México para reforzar la protección de la vaquita.
“Requerimos que México no trabaje solo. Requerimos la participación, el apoyo, la colaboración de los países de tránsito y destino. La cooperación debe ser estrecha, decidida, pero no solamente en discurso, sino aportando recursos”, detalla.