"Plan B" de reforma electoral suma 140 impugnaciones admitidas en la Corte

El estatus de las controversias

De las 164 controversias constitucionales presentadas, 132 se han admitido a trámite, así como ocho acciones de inconstitucionalidad, de 14 promovidas contra ambos decretos de la reforma electoral.

Con los cambios avalados por el Congreso se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, respectivamente.

Impugnaciones vs primer paquete

Respecto a las impugnaciones que se presentaron al primer decreto que fue publicado el 27 de diciembre de 2022 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se admitieron 131 controversias constitucionales, de las 161 que se presentaron, y seis acciones de inconstitucionalidad, de las siete solicitadas.

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En este caso, el ministro ponente Alberto Pérez Dayán dio trámite a controversias constitucionales promovidas por alrededor de 90 municipios de distintos estados del país, así como poderes legislativos y ejecutivos locales. En todas las que se solicitó la suspensión, ésta fue negada.

Las ocho acciones de inconstitucionalidad contra la primera parte del "Plan B" fueron promovidas por los partidos en coalición “Va por México” (PRI, PAN y PRD); por Movimiento Ciudadano (MC); el llamado Bloque de Contención del Senado de la República; por diputados del Congreso de la Unión y por el partido político Hagamos, del Estado de Jalisco, siendo ésta última desechada.

En la admisión de las siete acciones de inconstitucionalidad, la Corte concedió la suspensión del primer decreto para el efecto de que no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo en el Estado de México y en Coahuila.

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Esto con base a que se promulgó en el plazo de veda electoral previsto en el penúltimo párrafo fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal; porque contiene modificaciones legales fundamentales y, porque de no concederse, su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste.

No obstante, la decisión fue impugnada por la Presidencia de la República. A través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, dependencia a cargo de María Estela Ríos González, se argumentó que la decisión “es un fraude y una violación a la Constitución”, pues consideran que no hay nada que demuestre alguna afectación al sistema democrático o a los derechos fundamentales que justifique la no aplicación de las enmiendas.

Suspensión por la segunda parte del "Plan B"

En torno al Decreto 2, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación a principios de marzo, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, el ministro ponente Javier Laynez Potisek admitió la controversia constitucional presentada por el INE, el 8 de marzo pasado.

Además, concedió la suspensión solicitada respecto de todos los artículos impugnados para efecto de que las cosas se mantengan en el estado actual y que rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma.

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Con relación a las dos acciones de inconstitucionalidad admitidas, promovidas por los partidos políticos Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD), respectivamente, se negó la suspensión solicitada, en función de la medida cautelar ordenada en la Controversia Constitucional 261/2023 promovida por el INE ya había sido aplicada.

Recursos de reclamación

También se tienen registrados 95 recursos de reclamación: 91 en controversias constitucionales, de los cuales 89 corresponden al Decreto 1 y dos al Decreto 2; así como cuatro recursos en acciones de inconstitucionalidad, todos relacionados con el primer decreto.

Este martes, el Senado de la República, a través del presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, presentó dos recursos de reclamación ante la Corte contra el fallo del ministro Javier Laynez Potisek, quien frenó por tiempo indefinido la aplicación del “Plan B” de la reforma electoral, al admitir el recurso del INE.

La Corte aclaró que en el caso del Decreto 1, tanto las controversias constitucionales como las acciones de inconstitucionalidad se encuentran en la fase de admisión de demandas, recabando las respuestas y argumentos de todas las partes.

Mientras que en el caso del Decreto 2, el plazo para recepción de acciones de inconstitucionalidad venció y la fecha límite para recibir controversias constitucionales es el 20 de abril.