¿Qué significa la suspensión del “Plan B” de la reforma electoral?

¿Qué impugnó el INE?

El INE impugnó la aprobación del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

A decir de su director jurídico, Gabriel Mendoza, la reforma electoral vulnera el diseño del sistema nacional electoral, que es el pilar del sistema democrático.

Ello, dado que se detectaron cerca de 190 artículos que vulneran diversas disposiciones constitucionales.

Entre las inconstitucionalidades más graves encontradas por Mendoza Elvira se encuentran las siguientes:

-Se vulnera la autonomía e independencia de los órganos electorales (federales y locales).

-Se desaparece prácticamente toda estructura del INE.

-Se debilita el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).

-Se busca vulnerar el Padrón Electoral.

-Afecta las condiciones de la contienda, principalmente la equidad, que garantizan elecciones libres y auténticas.

¿Se puede impugnar la decisión de la Corte?

El Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, así como el Congreso de la Unión, pueden impugnar la decisión del ministro Laynez, sin embargo, esta resolución deberá darse antes del próximo 2 de junio fecha límite para poder implementar algún cambio a las reglas electorales de cara a la elección federal de 2024.

Y ahora, ¿qué sigue?

El politólogo Ernesto Guerra explica que con el fallo del ministro, quedan sin efecto los artículos impugnados del Decreto publicado el pasado 2 de marzo, que reforma diversas leyes en materia electoral.

De tal suerte que las cosas deberán permanecer en el estado en que se encuentran hasta antes de la publicación de dicho Decreto, lo que le permitirá al INE contar con sus órganos de dirección.

Además, se mantendrán los derechos laborales de los trabajadores, establecidas en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) y del personal de la rama administrativa. Tampoco habrá despidos masivos.

Mediante redes sociales, Guerra comentó que tampoco deberán extinguirse los Fideicomisos del Instituto y aclaró que “se suspenden las leyes que fueron impugnadas en la controversia del INE…hasta que se resuelva el fondo”.

¿Qué significa que el Plan B, se vaya a la "congeladora"?

La decisión del ministro Laynez “paraliza” la restructuración del INE, por lo que es factible que se vaya a la elección del 2024 con las actuales reglas electorales, que han dado certeza a los comicios en México.

Y es que dicho Plan contemplaba la desaparición de las 300 Juntas Distritales Ejecutivas y la reducción de las 32 Juntas Locales Ejecutivas, lo que implicaba la eliminación del 84.6% del personal que integra el SPEN.

En el INE laboran más de 17,500 personas distribuidas tanto en oficinas centrales, como en las juntas locales y en las 300 juntas distritales.

Además, su sola aplicación representaba serios riesgos en la integración de las mesas directivas de casillas, la capacitación electoral al funcionariado de casilla, la ubicación, instalación y operación de casillas, así como la llamada cadena de custodia, esto es, todos y cada uno de los protocolos realizados antes, durante y de manera posterior, a un proceso electoral.

Padrón Electoral en riesgo

El INE es el encargado de actualizar, depurar y verificar el padrón electoral que se utiliza en cada votación federal o local, para lo cual se toma en cuenta las defunciones, la suspensión de derechos políticos, los domicilios irregulares, la usurpación de identidad y la verificación nacional muestral.

Entre otros riesgos que contemplaba la aprobación del Plan B, estaban la desactualización del padrón electoral, se generaría desconfianza entre la población y habría duda en su integración.

De igual forma, estarían en peligro los datos personales de millones de mexicanos, así como el quebrantamiento del sistema federal, como instrumento de distribución territorial del poder, sin dejar de lado la violación a los derechos laborales de los trabajadores del Instituto.