Las organizaciones recordaron que el Ejército no tiene facultades legales para intervenir comunicaciones privadas de civiles y se encuentra demostrado que no ha existido autorización judicial para llevar a cabo estas actividades.
“El espionaje realizado por la Sedena es ilegal, un delito y por lo tanto, injustificable”, señalaron.
R3D, Artículo 19 y SocialTic señalaron que al tratar de legitimar la acción de espionaje denostando la labor del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, el presidente lo pone en riesgo e incentiva nuevos ataques en su contra.
“Exigimos a la FGR una investigación diligente e imparcial por los hechos de espionajes ilegal en contra de Raymundo Ramos, Ricardo Raphael y el periodista de Animal Político, mismo que denunciamos hace 5 meses y de los cuales constan pruebas irrefutables”, agregaron.
También pidieron que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, explique públicamente acerca del fundamento legal de las intervenciones de comunicaciones privadas en contra de Raymundo Ramos.
La investigación
El 7 de marzo, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) reveló que documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) muestran que, con el conocimiento de Luis Cresencio Sandoval, “una estructura militar secreta espió con Pegasus al defensor Raymundo Ramos para interferir en una investigación sobre abusos del Ejército en Nuevo Laredo”.
La R3D informó que el secretario de la Defensa; Homero Mendoza Ruiz, exdirector del Estado Mayor de la Defensa, y el subjefe de Inteligencia, Conrado Bruno Pérez, son los militares que sabían que el activista fue espiado.
De acuerdo con lo presentado por la R3D, el Ejército mexicano intervino comunicaciones privadas de Raymundo Ramos con varios periodistas. En dichas conversaciones se abordaban las ejecuciones extrajudiciales cometidas por elementos castrenses en Nuevo Laredo en julio de 2020.
R3D detalló que las comunicaciones intervenidas se realizaron entre el 16 y el 26 de agosto de 2020, periodo en el que el defensor fue espiado con Pegasus, de acuerdo con un análisis llevado a cabo por Citizen Lab.
La Red reveló que en una tarjeta informativa de la Sedena se intentó vincular a Ramos con el Cártel del Noroeste, sin embargo, la autoridad no respaldó su información con pruebas.
“El Ejército no tiene facultades legales para intervenir comunicaciones de civiles, ni existe registro de autorización judicial”, recordó la Red.
La investigación presentada este miércoles muestra que detrás del espionaje a Raymundo Ramos se encuentra una estructura militar secreta: el Centro Militar de Inteligencia.
“La nueva evidencia muestra demuestra que el #EjércitoEspía tiene una estructura militar secreta de espionaje ilegal que usa Pegasus para interferir en las investigaciones de abusos militares. Todo con el pleno conocimiento del Secretario de la Defensa Nacional”, agregó.
