Las claves del caso Segalmex: montos, desfalcos, denuncias y actores

Corrupción en Segalmex

Hasta el momento la autoridad ha calculado un monto del desfalco de 9,500 millones de pesos, desvío de recursos por el que se ha presentado 69 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), de las cuales 55 fueron presentadas por Segalmex, Diconsa y Liconsa, cuatro por la Procuraduría Fiscal de la Federación, nueve por la Unidad de Inteligencia Financiera y una por la Secretaría de la Función Pública.

Félix Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, ha dicho que estas denuncias van en contra de 87 personas: 41 son exservidores públicos y 46 son personas vinculadas a las empresas.

Las primeras alertas

Las primeras advertencias sobre lo que pasaba en Segalmex saltaron en septiembre de 2019, cuando medios de comunicación informaron que la dependencia otorgó cientos de millones de pesos en contratos sin licitar.

Fue así que en junio de 2020, René Gavira Segreste presentó su renuncia como director de Administración y Finanzas de Segalmex, luego de que fue señalado como el presuntamente responsable de haber otorgado dichos contratos de forma irregular.

Ese mismo año, en agosto, la bancada de Morena en el Congreso de Zacatecas —estado donde Segalmex tiene sus oficinas centrales— denunció que "altos funcionarios" del organismo habían repartido 5,000 toneladas de semilla de frijol basura a 110,000 campesinos.

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La polémica por los presuntos actos de corrupción en Segalmex creció aún más luego de que en julio de 2021, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que la dependencia otorgó 797 millones de pesos (mdp) a una red de empresas fachada que incumplieron con entregar herramientas como pesticidas, costales y lonas que servirían para proteger y almacenar granos como el maíz y el frijol.

En tanto que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que ya investigaba al organismo por compras simuladas, desvío de subsidios, adjudicaciones directas a empresas fantasma y faltantes en inventarios.

En agosto de 2021, MCCI ventiló una nueva polémica. De acuerdo con su investigación, el organismo había contratado como nuevo gerente de operaciones a Bernardo Fernández Sánchez, socio de Grupo Kosmos, un corporativo acusado de corrupción y lavado de dinero mediante el envío de alimentos a sobreprecio a Venezuela.

A esto se suma que en febrero de 2022, en la fiscalización de la Cuenta Pública de 2020, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Segalmex— por primeras vez— encabezó las irregularidades detectadas, que ascendían en ese entonces a 8,636 millones de pesos.

Estas irregularidades correspondieron a la adquisición y pagos sin soporte documental de maíz, frijol, canasta básica, leche y subsidios de arroz, trigo y maíz; pagos que excedieron el tonelaje o precio de garantía establecidos para maíz y frijol; pagos sin acreditar la prestación del servicio de subcontratación de personal (outsourcing) y recepción de pesticidas; pagos fuera de la vigencia del contrato de servicios de flete; faltantes de maíz y frijol en inventarios y salidas de efectivo no identificadas con su concepto.

Ante ello, López Obrador reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) había emprendido una serie de investigaciones por malos manejos de funcionarios de Segalmex, supuestamente desde antes de que la ASF presentará su informe.

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Dos meses después, en abril de 2022, la FGR informó que Gavira Sagreste —quien había renunciado a su cargo en Segalmex en 2021—, fue vinculado a proceso al ser señalado de comprar títulos bursátiles con recursos de este organismo agrícola.

Tras ventilarse que la FGR ya indagaba los presuntos actos de corrupción y la vinculación a proceso de unos de sus exfuncionarios, López Obrador relevó a Ignacio Ovalle Fernández de la dirección general del organismo y en su lugar designó a Leonel Cota Montaño, exgobernador de Baja California.

Así, las investigaciones sobre este caso continuaron y en junio de 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detalló que la FGR tenía un total de 15 carpetas de investigación abiertas por presuntos delitos que ocasionaron un daño patrimonial a Segalmex durante los primeros dos años de operación del organismo. Mientras que al interior de la SFP estaban abiertos otros 17 expedientes de investigación. Para agosto, sumaban ya 38 denuncias presentadas ante la FGR.

Para noviembre de 2022, la SFP aseguró que las empresas relacionadas con las irregularidades en Segalmex comenzaron a devolver los montos de recursos involucrados. A la par, las denuncias por presuntas actos de corrupción aumentaron en los meses siguientes, pues para agosto de 2022, la SFP reveló que había ya 38 carpetas de investigación abiertas por los delitos de uso ilícito de facultades y atribuciones que ocasionaron presuntos daños de alrededor de 9,500 millones de pesos.

Pero la historia de corrupción en Segalmex se volvió a repetir y es que este lunes, en el reciente informe de la ASF sobre la fiscalización de la Cuenta Pública de 2021, se detectó que el organismo tiene por aclarar otros 2,346 millones de pesos, además de que se informó que se detectaron irregularidades como la realización de pagos sin contar con la documentación que acredite que se cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en los contratos; por servicios no devengados o bien sin contar con la evidencia documental que acredite la entrega/recepción e instalación de equipos y la entrega de documentación con firmas presuntamente falsificadas.

De tal manera que en este 2023, Segalmex y sus filiales Diconsa y Liconsa suman irregularidades por 15,311 mdp desde 2019, monto que duplica el desfalco del sexenio de Enrique Peña Nieto en el caso de la “Estafa Maestra”, calculado en más de 7,000 millones de pesos.

Al respecto, David Colmenares Páramo, auditor Superior de la Federación, dijo que la ASF presentó ya 12 denuncias relacionadas con las cuentas públicas 2019 y 2020 sobre las operaciones de Segalmex durante el periodo. En tanto que el presidente López Obrador ordenó este miércoles 22 de febrero, “ir a fondo” para aclarar las observaciones encontradas.

Sobre los 15,000 millones de pesos calculados como monto toral, el titular de la Secretaria de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, aseguró que no es correcto y reiteró que el total es de 9,500 mdp.

“La cifra de 15,000 millones que se ha manejado recientemente en la opinión pública como los presuntos montos de irregularidades no es precisa y no tiene fundamento. Como se informó en agosto del 2022, los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones relacionadas con 9,500 millones de pesos, de los cuales 6,000 fueron señalados por la Secretaría de la Función Pública y 3,500 por la Auditoría Superior de la Federación”, explicó el jueves 29 de junio.