Genaro García Luna , el exsecretario de Seguridad Pública juzgado en Nueva York por narcotráfico y a la espera del veredicto del jurado, enfrenta en Miami una demanda civil por lavado de fondos "robados" con la que el Gobierno de México pretende recuperar unos 700 millones de dólares.
Esa cantidad es la mencionada por el Gobierno de México, pero en la demanda tan solo se dice que la cantidad a recuperar es superior a 250 millones de dólares, según una escala establecida.
La demanda interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano en 2021 ante los tribunales del condado de Miami-Dade incluye a la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, como "participante principal" de una "compleja" red que usó al menos 40 empresas y fideicomisos para sus propósitos.
Esta acción legal está oficialmente "inactiva" desde diciembre pasado debido a una apelación aun no resuelta y es independiente de la causa penal abierta en los tribunales federales de Nueva York contra García Luna (2006-2012) por cuatro cargos de narcotráfico y uno migratorio.
El jurado neoyorquino tiene previsto continuar sus deliberaciones este martes, después de que el viernes 17 de febrero no consiguiera ponerse de acuerdo sobre la culpabilidad o la inocencia del exfuncionario mexicano de 54 años, que fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas (Texas), acusado por el fiscal del distrito este de Nueva York.
En esta otra causa civil en Miami el exsecretario de Seguridad durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012) está acusado de liderar una trama que "robó" fondos del Gobierno de México por medio de "contrataciones ilícitas" y luego "blanqueó esos fondos robados en Estados Unidos y otros lugares".
En concreto, mientras fue secretario de Seguridad, e incluso de después de dejar el cargo, García Luna contó con "una extensa red de socios" a través de la cual obtuvo contratos de varias entidades y agencias del gobierno mexicano "por cientos de millones de dólares", según la demanda.
En ésta, se especifica que la cantidad a recuperar es a partir de 250 millones de dólares, según una escala establecida por la justicia, pero desde México el Gobierno ha dicho que son 700 millones.
Además del matrimonio García Luna, están demandados en Miami seis de esos socios como presuntos lavadores del dinero robado principalmente mediante la compra de inmuebles y artículos de lujo en Florida.
El escrito judicial señala que cada uno de los participantes de esta trama que operó por lo menos hasta 2018 tenía un rol específico.
La acusación dice que García Luna era el "arquitecto principal" y coordinó y autorizó "los contratos ilegales celebrados por las agencias de seguridad mexicanas" valiéndose "del soborno, la manipulación de ofertas y/o la corrupción".
Su esposa, de acuerdo con la UIF, participó de forma "activa" en esta trama al encargarse de las operaciones diarias de la gestión de un dinero, que "sabía que le había sido robado al gobierno de México", por medio de una serie de empresas en Estados Unidos y "para adquirir múltiples bienes inmuebles en Florida", muchos de ellos ubicados en el condado de Miami-Dade.
La UIF, organismo de la Secretaría de Hacienda, alega en esta demanda que García Luna y sus cómplices "ocultaron los fondos robados" y obstaculizaron la recuperación de los mismos, al lavar el producto a través de transferencias internacionales a cuentas bancarias en Barbados, Estados Unidos y otros lugares.
La demanda señala que el entramado liderado por García Luna lavó el dinero a través de al menos 30 empresas comprando 30 propiedades inmobiliarias, así como "múltiples automóviles y embarcaciones, y sustanciales activos bancarios y de otro tipo ubicados en Florida".
"El dinero se usó además para financiar un lujoso estilo de vida", alegan los demandantes.
Los otros acusados en esta demanda son Mauricio Samuel Weinberg López; su esposa, Silvia Donna Pinto de Weinberg; el hijo de ambos, Jonhathan Alexis Weinberg Pinto, así como Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto de Miembro.
Mientras tanto, en Nueva York, un jurado deberá decidir sobre la inocencia o culpabilidad de García Luna, quien está acusado en esta jurisdicción de cinco delitos, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico.
El exsecretario está acusado de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad, conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos y conspiración para la importación de la misma cantidad o más.
El quinto delito que se le imputa a quien lideró la llamada "guerra contra el narco" durante la presidencia de Calderón es el de presuntamente prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.
