La resolución se da luego de que un ciudadano se inconformara con la respuesta de la Fiscalía a una solicitud de información sobre las 83 órdenes de aprehensión, así como de 21 órdenes de aprehensión sobre las cuales la autoridad habría desistido.
Pese a que la propia FGR emitió el comunicado FGR 387/22 donde hace mención de las 83 órdenes de aprehensión, respondió no haber solicitado órdenes de aprehensión y tampoco haberse desistido de ninguna.
Después, la Fiscalía precisó que el nombre de los presuntos responsables e imputados es información reservada y confidencial.
El proyecto presentado por el comisionado Adrián Alcalá Méndez señala que la Fiscalía no acreditó haber realizado una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, ni dio certeza sobre el criterio utilizado para localizar los datos de las órdenes.
El comisionado del INAI señaló que si bien hacer públicos los nombres colocaría en riesgo a las personas imputadas, esta información es de interés público y se relaciona con actos considerados como violaciones graves a los derechos humanos, por lo que aplica la excepción a la reserva prevista en el artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia.
