“Exigimos que se cumplan los principios universitarios y se retire el título de Licenciada en Derecho, que se obtuvo de manera delictiva, a la señora Yasmín Esquivel de Riobóo; se investigue a todas las personas que intervinieron en este hecho y se les apliquen las sanciones universitarias correspondientes”, exponen en el documento.
El plagio de Yasmín Esquivel fue descubierto por el escritor Guillermo Sheridan y, tras la difusión de fragmentos casi idénticos de la tesis de la ministra y de otro alumno que publicó su trabajo un año antes, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, donde Esquivel estudió Derecho, inició una investigación.
Las autoridades de esa escuela concluyeron que la ministra sí cometió plagio e informaron al rector de la UNAM, Enrique Graue, quien difundió la resolución y explicó que la Máxima Casa de Estudios no contaba con los mecanismos para invalidar el título profesional.
En contraste, la asesora de tesis de Esquivel, la profesora Martha Rodríguez Ortíz, sí fue sancionada: la UNAM la despidió.
El caso, entonces, fue turnado a la Secretaría de Educación Pública (SEP), dependencia que respondió que tampoco tenía facultades para revocar la cédula profesional de la ministra mientras que la UNAM no declarara inválido el título universitario.
En la misiva, los académicos, entre ellos cuatro integrantes del Consejo Universitario, aseguran que, desde su autonomía, la Máxima Casa de Estudios sí podría sancionar este acto.
Argumentaron que el plagio es un robo intelectual y un delito, según el artículo 427 del Código Penal Federal, el Convenio de Berna y el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Sobre Derecho de Autor, de los que México forma parte.