Pero esta no es la primera vez que se cuestiona el trabajo y actuar de los elementos de la GN en un retén de seguridad.
En mayo de 2021, debido a una presunta confusión, elementos de la corporación también dispararon en contra de dos funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora que se trasladaban a bordo de una camioneta.
La Fiscalía de Sonora confirmó que en este hecho fue asesinado José Ramón Reyes, secretario escribante de la Agencia del Ministerio Público de Caborca. Mientras que Verónica Reyes, agente del Ministerio Público Especializado en Adolescentes, resultó lesionada.
Mientras que en abril de 2022, Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato, también fue asesinado luego de que recibió un disparo por parte de elementos de la GN, mientras iba a bordo de una camioneta por el municipio de Irapuato.
La GN confirmó los hechos, describiéndolos como un "incidente en el que una persona perdió la vida y otra resultó herida". Un incidente, procedió la institución, causado por el "desconcierto y la incertidumbre" cuando Ángel Yael y sus amigos decidieron retirarse del lugar en donde sus agentes realizaban "reconocimientos disuasivos" con relación al robo de hidrocarburos en la comunidad de Exhacienda el Copal, en Irapuato.
Pero mientras se llevan a cabo las investigaciones derivadas del homicidio de los dos jóvenes en Chihahua, este jueves, Human Rights Watch (HWR) presentó el Informe Mundial 2023: Tendencias de los derechos humanos en México, en el que resalta que desde 2007 y hasta septiembre de 2022, el Ejército mató a 5,335 civiles, según datos gubernamentales.
Mientras que desde 2018, el número de denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el Ejército y la Guardia Nacional ha registrado un aumento constante. En 2021, la Comisión recibió 940 denuncias de ese tipo, la mayor cifra en ocho años.
Así, en el documento, HWR advierte que la actual administración de Andrés Manuel López Obrador ha ampliado el presupuesto, autonomía y responsabilidades de las Fuerzas Armadas, incluidas tareas antes delegadas a autoridades civiles.
“Cuando las fuerzas militares han realizado estas tareas en el pasado, se cometieron violaciones de derechos humanos”, apunta el informe.