En su documento “Diez riesgos políticos para 2023”, la consultora señala 10 riesgos políticos y la probabilidad de que se concreten, con la semaforización “baja, media, alta y muy alta”.
El análisis también advierte cómo han evolucionado los factores de riesgo que fueron previstos desde 2018 hasta este 2023 y se aprecia un deterioro, pues en 2018 se preveía riesgo bajo de concentración del poder y de incertidumbre jurídica. Pero desde 2020 esos factores de riesgo tienen un indicador alto, con tendencia a mantenerse así en el futuro.
El factor de inseguridad pública, marcado como riesgo político alto, y como riesgo medio, la posibilidad de conflictividad social, son los únicos elemento que se han mantenido sin cambios desde hace cuatro años.
La consultora ubicó además en el rango de “muy alta” probabilidad de ocurrencia dos riesgos: los ataques presidenciales al Instituto Nacional Electoral (INE) y la intervención del crimen organizado en las elecciones.
Los riesgos que enfrenta el INE se esperan en “tres frentes”, desde el gobierno y Morena para incidir en el proceso de nombramiento de cuatro consejeros del Instituto afines; generando en ese organismo problemas operativos y de gestión por las reformas que lo reestructuraron –aún pendientes–, y vía litigios sobre esos cambios legales y que deberán resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y tribunales laborales, “lo cual aumenta los riesgos de ineficacia gubernamental, concentración de poder e incertidumbre jurídica”.
Respecto a la "muy alta probabilidad" de que grupos del crimen incidan en las elecciones, consideran que, “ante la debilidad del Estado de derecho, las elecciones de 2023 y el inicio del proceso electoral de 2024, aumentan la probabilidad de violencia política y electoral contra actores políticos y funcionarios públicos".
En segundo nivel, se estimaron siete factores con probabilidad alta. Uno de ellos es la intensificación de los actos anticipados de precampaña de los aspirantes presidenciales de Morena, lo que –destacan– generará la incertidumbre jurídica, ineficacia gubernamental “por la desatención de asuntos centrales de los gobiernos federal y locales” y divisiones internas en Morena. En la oposición esa carrera al 2024 generará aumento de la polarización y ataques reputacionales.
Otro riesgo, en cuanto a que se "concentraría el poder e ineficacia gubernamental", sería un triunfo electoral en Coahuila o en el Estado de México, lo que daría hegemonía regional a Morena.
También se vislumbran con alta posibilidad de ocurrencia la militarización con la consiguiente dependencia del gobierno hacia las Fuerzas Armadas y el empoderamiento de estas.
“En los hechos, los militares incidirán con mayor frecuencia en la toma de decisiones político-administrativas, lo que aumenta la ineficacia gubernamental, la prevalencia de la corrupción y el desbalance de la relación cívico-militar”.
